La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, Fedecomercio, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la Cámara Venezolana de Emprendimiento, y otros entes jurídicos e institucionales del sector privado país, catalogan las nuevas normas de punitivas e inconstitucionales, por lo cual gestionan actuaciones de carácter legal.
José Alejandro Lozada, presidente de la Federación Nacional de Comercio (Fedecomercio), indicó que esta disposición dificulta el desarrollo de la actividad comercial en Venezuela, coincidiendo con Elías Rodríguez, presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento, para quien las tasas, “extremadamente altas”, estimulan la informalidad en la actividad económica.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López, también refutó las tasas acusándolas de no estar acordes a la realidad venezolana y, de paso, denunció que algunos registros difieren en las tasas para un mismo documento o proceso notariado, cuando debería haber unificación en esos costos.
La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela demandará ante el TSJ la nulidad de la Ley, según dijo a los medios nacionales Jesús Vergara Peña, argumentando inconstitucionalidad en, por ejemplo, los límites que aplica la reforma:
En lugar de establecer una tasa fija definida, lo que hace es poner límite máximo, para que el director general del Saren defina un valor por debajo de dicho límite.
Servicio público
El asesor tributario José Antor, al recordar que los procesos de registros y notarias son un servicio público y no un ingreso del estado para subsidiarse, reconoce empero que «en ciertos registros inmobiliarios, el registrador y su grupo ponían o colocaban la tasa a discreción, y por supuesto había un desorden en todos estos trámites”.
De allí que la reforma de la ley vino a regularizar cada uno de estos ítems que son registros, notarias, registros civiles, mercantiles, registros principales, registro inmobiliario, etcétera, pero afecta directamente al pequeño y mediano empresario y, subsecuentemente, a la economía nacional habida cuenta de su peso en el entramado comercial del país.
El también dicente universitario opina que esta situación estimulará la ilegalidad de las operaciones comerciales, la evasión fiscal y hasta el precio de la divisa. Peor aún, cree que al manejarse tanto dinero, también se estimule la corrupción.
Por ello, opina que lo ideal es conciliar un monto aceptable tanto para el Estado como para el empresario, buscar un monto intermedio que sea manejable por los pequeños y medianos empresarios, a quienes esta ley afecta más en lo mercantil.
Con información de Noticia y Punto y El Universal
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