Un grupo de jubilados y pensionados realizaron este miércoles un “grafitazo” y pidieron justicia social durante una jornada de protestas en las inmediaciones de la plaza Dr. Pablo Acosta Ortiz, conocida como Altagracia, ubicada en la calle 20 con carrera 19, de Barquisimeto.
Denunciaron que viven en la “carraplana” al percibir una pensión de 130 bolívares mensuales, que cada día vale menos, y no les alcanza para cubrir el alto costo de la vida, declaró a El Informador Venezuela, José Rosales, en representación del personal jubilado de la Alcaldía del municipio Iribarren.
Hizo un llamado al Gobierno “bolivariano-socialista” a que reflexionen, porque los muchos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas han fallecido al poder adquirir el tratamiento, recalcó.
Los jubilados “necesitamos y merecemos” pensiones dignas por los años de servicio que prestamos al Estado y como venezolanos. Es un derecho.
Actualmente, «vivimos por la bendición de Dios, y ojalá les dé larga vida para que también pasen a engrosar la lista de jubilados como funcionarios públicos”, resaltó.
Emigdio Rodríguez, integrante del Comité de Jubilados y pensionados en Lara, manifestó que han sido persistentes en el reclamo de pensiones y salarios dignos para todos los trabajadores del país. A su vez, culpó al Gobierno de “incitar” a que la población salga a la calle porque no ha solventado la situación de la gran deuda social.
Dijo que no entiende la retórica gubernamental del “bloqueo económico” para justificar las deficiencias, pero se importan carros de lujo, añadió.
En tal sentido, -dijo- que el Comité de Pensionados en su permanente lucha, desde hace 31 años, persiste en ser oído y hace un llamado al Tribunal Supremo de Justicia a que se haga cumplir el artículo 91 de la Constitución de la República.
Y de esa manera, se les restablezca el derecho a los venezolanos de percibir a sueldos y pensiones que coadyuven a mejores condiciones de vida.
Finalmente, acusó al presidente Nicolás Maduro de mentirle a los trabajadores que se jubilaron entre 2018 y 2022 a quienes ofreció un bono de 10.000 bolívares y no lo pagó.