La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este 31-Ene, las inhabilitaciones administrativas en Venezuela, tras los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que confirmaron la inhabilitación por 15 años de la opositora, María Corina Machado, y del exgobernador de Miranda Henrique Capriles, y denunció que estás acciones «son propias de regímenes autoritarios».
La CIDH sostuvo que «estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios».
La Comisión también advirtió que, «al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Adicionalmente, se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024″.
En su comunicado la CIDH reiteró que, de acuerdo con las obligaciones internacionales, «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal».
«En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano, en particular, es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público», concluyó la CIDH, que llamó a «adoptar con urgencia» medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos. «Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».