Especialistas y conocedores de la materia, coinciden al afirmar que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), debería ser derogado o, al menos, establecerse “unas alícuotas bajas que no afecten el desarrollo normal de los negocios”.
Así lo expresa el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Manuel Iturbe, quien en entrevista para Unión Radio calificó el tributo de “bastante regresivo”, y que por sus características, “debería establecerse por periodos cortos no mayores de un año”.
Sin embargo, el IGTF está por cumplir un año de su aplicación, tiempo durante el cual «no cumplió el objetivo que tenía trazado», consideró en entrevista para Globovisión la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, también a favor de una reconsideración de la alícuota.
Mientras que la gremialista asegura que este impuesto “ralentizó el crecimiento económico que se venía observando” en el país, e Iturbe dice que, incluso, la obstaculiza, el economista Asdrúbal Oliveros advierte que genera una profunda distorsión en toda la cadena de valor, sobretodo en sectores productivos como alimentos y salud.
En una onda similar a la de los otros voceros, el también socio-director de Ecoanalítica opta por reducir la tasa del IGTF pero eliminarla del consumidor final porque, al fin y al cabo, todos los productos consumidos en dólares pagan este impuesto, no solo grandes transacciones.
El abogado Iturbe acota a esto que un mismo bien puede verse grabado en la cadena de comercialización con varios 3%.
Tanto él como Polesel consideran que el país requiere de un cambio en el sistema tributario, de modo que los impuestos nacionales, regionales y municipales sean «racionales». En tal sentido, comenta la representante de Consecomercio, esperan que la Ley de Armonización Tributaria permita “establecer los parámetros al momento de fijar las tasas” de los impuestos.
Oliveros, por su parte, sugiere optimizar los pagos en dólares para inyectar dinamismo a la economía.