El Ministerio Público (MP) ha presentado una acusación contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, y su expareja, Alejandro González, según informó el abogado Joel García. Ambos ciudadanos llevan 52 días en prisión, durante los cuales se ha solicitado reiteradamente al juez de Control la designación de defensa privada, sin éxito.
Joel García alertó que, debido a la imposibilidad de designar la defensa privada, la audiencia preliminar se llevará a cabo sin que tengan posibilidades de defenderse de la acusación. Asimismo, expresó su preocupación sobre si, una vez acusados, el juez de Control permitirá la designación de defensa de confianza.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero, acusada de formar parte de la llamada «operación brazalete blanco». Esta detención ha generado condena a nivel internacional. La acusación y detención de San Miguel ha sido objeto de críticas y preocupación por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos.