Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), publicó este jueves un nuevo informe sobre la situación en Venezuela donde destacó la vigencia de los abusos y torturas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a los presos por causas políticas.
“La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del informe publicado este jueves.
Entre los nuevos casos reportados se destacan desapariciones forzosas y la incomunicación de los prisioneros con sus familiares. “Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dice el organismo.
También se recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, y denuncian que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.
“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.
En el informe también advierten que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
La ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. En el informe documentan al menos 12 casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.