Con escasa presencia de electores en la mayoría de los centros de votación, México llevó a cabo el domingo 1 de agosto un referéndum para decidir si se deben enjuiciar a cinco expresidentes, el cual ha generado controversia por los 25 millones de dólares que se invirtieron para su realización, por la redacción de la pregunta, y por su coincidencia con la tercera ola de la pandemia de coronavirus que golpea al país azteca.
Pasadas las 8:00 de la mañana unas 57.000 casillas de votación en toda la nación iniciaron actividades que extenderán por diez horas. Unos 93,6 millones de electores fueron habilitados para participar en la consulta popular sin precedentes en el país latinoamericano.
“Estamos listos para una jornada cívica ejemplar”, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al dar la apertura a la consulta que, aseguró, cuenta con “todas las bases legales necesarias conforme a nuestro marco constitucional”.
Al defender la actuación del INE frente a las denuncias de no haber realizado una suficiente promoción de la consulta popular, Córdova indicó, en un discurso que leyó durante la sesión del Consejo General, que se ejecutaron “todas las acciones institucionales técnicas de difusión y publicidad para que el día de hoy acudan el mayor número de ciudadanos”. /JU
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