Dos de los 33 ciudadanos que estuvieron detenidos dentro de un local comercial “gay” en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, y que fueron puestos en libertad condicional pocos días después, hablaron a los medios de comunicación social, y denunciaron burlas, maltratos de palabra y otros “abusos” por parte de los funcionaros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la capital carabobeña durante su detención.
En declaraciones a la emisora WTC Valencia, los jóvenes Iván Valera y Alfredo Rodríguez -que recordaron que tres compañeros todavía continúan presos- aseguraron que funcionarios del cuerpo policial se mofaron de todos los detenidos, los que fueron acusados por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento (asociación) y contaminación sónica.
Valera y Rodríguez forman parte del grupo de 30 ciudadanos que fueron excarcelados la noche del miércoles pasado bajo la condición de presentarse mensualmente ante el tribunal que les negó la libertad plena, y que mantiene detenidos a tres trabajadores del local, a la espera de que presenten fiadores.
Valera, internacionalista de carrera, denunció que, cuando solicitó ir al baño, efectivos de la PNB le negaron el permiso, pese a su insistencia, hasta que, tiempo después, otro agente autorizó la salida.
Su permanencia en la celda, con otros 32 hombres en un espacio «pequeño», estuvo marcada -aseguró- por el hacinamiento y la «mofa» de los policías que se burlaron de los detenidos por su aspecto, mientras les reiteraban que merecían la detención, la cual se produjo «solo por ser homosexual».
Rodríguez, médico de profesión, señaló que algunos de los reclusos sufrieron de abstinencia por la falta de ansiolíticos y otros medicamentos durante el tiempo de arresto.
Asimismo, reprochó que los agentes violaran la privacidad de todo el grupo al revisar sus celulares y hacer burlas sobre fotografías y vídeos personales que encontraron en los dispositivos.
El caso de «los 33», como le llaman los medios en Venezuela, levantó una condena unánime por parte de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertan sobre una criminalización de la homosexualidad en el país.
Tanto la decisión del tribunal de negar la libertad plena, como de mantener en prisión a tres personas, han motivado denuncias en las redes sociales y varias protestas, una de ellas el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República,, para pedir el sobreseimiento del proceso para todos los implicados.
Fuente: El Nacional