EFE- Un tribunal de Indonesia ha condenado este miércoles a dos años de prisión al director ejecutivo y a otros tres directivos de una empresa farmacéutica cuyo jarabe para la tos ha sido relacionado con la muerte de más de 200 niños en el país.
Los responsables de la compañía indonesia Afi Farma, entre ellos su director ejecutivo Arief Prasetya Harahap, fueron acusados por la Fiscalía de no probar «conscientemente» los ingredientes utilizados en la fabricación de su jarabe, que contenía cantidades excesivas de material tóxico y podría haber provocado la intoxicación y muerte de decenas de niños.
El tribunal de la ciudad de Kediri, en la provincia de Java Oriental, donde la empresa tiene su sede, aceptó el argumento presentado por los fiscales y concluyó que los acusados «fueron legal y convincentemente declarados culpables de cometer conjuntamente el delito contra la salud», según los documentos divulgados por la corte.
El fallo se da en momentos en que aumenta la presión en todo el mundo para reforzar la supervisión de las cadenas de suministro de medicamentos tras una ola de intoxicaciones relacionadas con la ingesta de jarabes contaminados, que mataron a más de 200 niños por fallo renal agudo en Indonesia y decenas de otros en países como Gambia y Uzbekistán.
Los casos se refieren a la presencia en los medicamentos de las sustancias dietilenglicol y etilenglicol, dos componentes químicos que se utilizan habitualmente como disolventes industriales y agentes anticongelantes y pueden resultar altamente tóxicos a nivel renal y hepático.
El pasado enero, la policía indonesia informó de que un intermediario local -la empresa CV Samudra Chemical- falsificó y adulteró químicos destinados a uso industrial para que parecieran de empleo farmacéutico, derivando en su utilización en jarabes que pudo haber causado la muerte por intoxicación de los niños.
Dos de los ejecutivos responsables de la compañía fueron arrestados poco después, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre si serán presentados cargos en su contra.
Además de la decisión de este miércoles, la Justicia indonesia juzga desde el pasado 17 de enero una demanda colectiva presentada por 25 familias de menores afectados, que han llevado a los tribunales al Gobierno indonesio y diversas farmacéuticas y fabricantes de químicos locales.