El Ejecutivo nacional arranca el 2024 en mora con los educadores, pese a que el año pasado fueron protagonistas de la mayoría de las protestas en el país para exigir salarios dignos y la firma de la convención colectiva que venció hace cuatro años.
La afirmación corresponde a Hilda Peña, secretaria general de Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal), quien al ofrecer un balance de la situación, hizo énfasis en la pérdida del poder adquisitivo del gremio docente.
Desde hace 20 meses no se revisan los salarios –recriminó la líder gremial- pese a que la Constitución establece que el salario debe ser conforme al valor de la canasta alimentaria, cuyo costo actual es equivalente a 500 dólares mientras el salario de los docentes oscila entre 10 y 25 dólares.
En ese contexto, el Gobierno ha venido “bonificando los salarios”, lo que significa que paulatinamente se vayan perdiendo las prestaciones sociales y vacaciones porque esos bonos no inciden sobre esos conceptos, aseveró.
Pero además, valiendo de cualquier artilugio como el instructivo Onapre , disminuyeron porcentualmente el valor las primas por antigüedad, profesionalización, ejercicio de la profesión docente, primar geográfica, entre otros.
Asimismo está en mora, la restitución de la póliza de seguro Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), dijo.
Imposible no mencionar que un gran número de las edificaciones escolares están en “pésimas” condiciones lo que constituye un riesgo para los alumnos y el personal.
Los comedores escolares, “bandera de este gobierno”, no funcionaron durante el 2023, afirmó Peña.
Centralización de la nómina regional
A juicio de la secretaria general de Sinvemal, el gobierno regional se declaró incompetente para dirigir el sector educativo y entregó la nómina de los educadores al Ministerio de Educación.
Al tiempo recalcó que ello es contrario a lo estipulado en Ley Orgánica del Trabajo, en sus artículos 66 al 70, ya que se ha debido consultar a los educadores y a las organizaciones sindicales sobre la procedencia o no de esta migración.
Esa “decisión arbitraria” por parte del Gobernador del estado Lara Adolfo Pereira, trajo como efecto la desmejora salarial, que se percibe en las quincenas, y en la bonificación de fin de año, recalcó.
Explicó que a escala nacional no se pagan las alícuotas del bono vacacional y aguinaldo; de igual forma se produjo una desmejora en el tabulador de los sueldos ya que la Gobernación pagaba a los educadores un único tabulador y La ministra de educación paga tres tabuladores.
Las deducciones que se realizaban sobre sueldo base, ahora se hacen sobre salarios, “nos ubicaron con un solo código, desapareciendo la prima geográfica al que labora en el medio rural”.
Asimismo, -Peña acusa- que se violentó el derecho a la libertad sindical, ya que no realizaron los descuentos de la cuota de los sindicatos así como los aportes del trabajador a la caja de ahorro.
Lo más grave de toda esta situación, es que no le pagaron el salario a 250 docentes que el mes de noviembre pasaron al Banco Venezuela, afirmó Peña.
Al referirse a la salud, solamente se resolvieron cinco casos de los 82 docentes que requieren cirugía de catarata y de las 20 solicitudes de viviendas para los educadores no hubo respuesta para ninguno.
Además, sigue pendiente la deuda del año 2022, aseguró la líder gremial.