El comisionado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), designado por Juan Guaidó, Miguel Pizarro, aseguró que la actualización oral del informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet, es una confirmación de la profundización de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
“El régimen ha cometido errores que llevaron a confirmar a la oficina de la alta comisionada de los DDHH de la ONU y a la comunidad internacional, lo que antes se dudaba, la tortura en el Dgcim, en el Sebin, la actuación de los colectivos como organismos de seguridad. Es la confirmación de la tortura como política de Estado”, expresó Pizarro, en rueda de prensa en línea.
Bachelet reconoció este jueves 2 de julio ante el Consejo de DDHH de la ONU, que las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y demás críticos a la gestión de Nicolás Maduro, persisten en Venezuela. Advirtió, además, que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia y sin el consenso de las fuerzas políticas, disminuyen las condiciones para procesos electorales “creíbles y democráticos”.
De lo expuesto por Bachelet, Pizarro destacó a Efecto Cocuyo el número reflejado de muertes violentas a manos de organismos de seguridad del Estado, la situación en cárceles con 200% de hacinamiento y calabozos de cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En el informe de Bachelet se reportó también que 110 personas fueron procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, incitación pública, conspiración, intento de magnicidio, terrorismo o financiación de actividades terroristas. Estas personas han sido sometidas a desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos, tortura.
Señaló además el hecho de que el informe refleje las muertes violentas de 1.324 personas durante operativos de seguridad en Venezuela, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, la mayoría a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), con 432 casos. Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 366 muertes, la Guardia Nacional con 136 muertes y la policía regional del estado Zulia con 124.
“El régimen no acata las recomendaciones de anteriores informes de la alta comisionada, no ha eliminado a las Faes y no solo no las elimina sino que además amplió sus funciones y ahora hace hasta labores de inteligencia y de control social”, subrayó.
Pizarro mencionó como otro aspecto importante del informe, que se hable de la reducción del espacio democrático en Venezuela, en alusión a la militarización de la sede de la Asamblea Nacional y el control por parte de una directiva paralela desde el 5 de enero de este año. Aunado a ello, Bachelet se refirió a la persecución contra los diputados, más de 30 en el exilio y contra los partidos políticos.
Foto: Archivo El Informador