Al cumplirse dos meses de la “injusta y arbitraria” detención de Javier Tarazona, del hermano de éste, Rafael Tarazona, y de Omar de Dios García, representantes los tres de la ONG FundaRedes, el Movimiento Vino Tinto del Estado Lara introdujo por ante la Defensoría del Pueblo del Estado Lara un documento contentivo de varias peticiones.
El abogado Manuel Virgüez, coordinador del citado Movimiento Vino Tinto, fue quien aportó la información a este medio de comunicación social.
Le acompañaban otros miembros del mismo, tales como Emmanuel Pardo, Alexis Ramos, Enderson Maldonado y Pedro Hernández, al igual que Nelson Fréitez, de la Red de Defensores de los Derechos Humanos del Estado Lara.
-En este documento –destacó Virgüez-, estamos formulando algunos planteamientos ante esta Defensoría del Pueblo del Estado Lara, pero siempre haciendo hincapié en que se trata de una detención “injusta y arbitraria”, por cuanto ellos, los de FundaRedes, no han cometido delito alguno.
-Se les está sencillamente cobrando el hecho de que ellos se atrevieron a denunciar toda una serie de irregularidades habidas en la región del Estado Bolívar, y en donde hacía, y hace vida permanente, la guerrilla disidente de Colombia.
-En razón de ello, hemos pedido a este despacho que solicite por la vía judicial una medida humanitaria de libertad, en primer lugar.
-En segundo lugar, hemos también llamado la atención de esta Defensoría en el sentido de que, en los últimos años, se ha hecho en todo el país una política de Estado la descalificación, la persecución y el amedrentamiento a los defensores de derechos humanos, por ese simple hecho.
Abundado en el mismo punto, manifestó el activista que, solamente este año, han sido detenidos en todo el país ocho defensores de los derechos humanos, “bajo cualquier acusación, o bajo cualquier cargo”.
Por su parte, Fréitez se manifestó solidario con lo dicho por Virgüez, y expresó que “pareciera que ahora estuviéramos en el país al revés”.
-Y lo digo porque el gobierno, o las instituciones del Estado correspondientes, en lugar de investigar lo denunciado por estos activistas de derechos humanos, resulta que lo que hacen es enjuiciarlos y meterlos presos bajo cualquier alegato.
-Es decir, que ahora en Venezuela el investigado termina por ser el denunciante.
Reinaldo Gómez
Fotos: Ángel Zambrano.