La Unión Europea dijo este lunes 3-Jul que la inhabilitación política de la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, «socava la democracia y el Estado de derecho» y se trata de una decisión que contribuye a «profundizar» la crisis política del país, a lo que inmediatamente la administración Maduro respondió tildando el pronunciamiento como una injerencia.
En un comunicado, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó la «profunda preocupación» del organismo «con las decisiones que tratan de impedir a miembros de la oposición ejercer sus derechos políticos fundamentales».
La Cancillería venezolana hizo lo propio con un comunicado en el que sostiene que la instancia internacional no debe meterse en asuntos que solo competen a los poderes públicos venezolanos. «No aceptamos tutela de ninguna potencia o de grupo de países aliados», reza el texto.
Borrell también recordó que la Misión de Observación Electoral que la UE envío a Venezuela en 2021 pidió la abolición de la prerrogativa de la Controlaría General de «despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna».
Sin embargo, para el gobierno venezolano “la Unión Europea continúa en la misma senda del fracaso, empeñada en una retórica irracional y colonialista hacia el gobierno constitucional«, y acusó su fracaso, durante los últimos años, «en su intento de imponer un presidente falso» en el país caribeño.
El TSJ aclara diferencia entre inhabilitación política y administrativa
El 2-Jul, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció una distinción de lo que implica la inhabilitación administrativa de la inhabilitación política.
Explica el máximo Tribunal que “la inhabilitación política se corresponde con las sanciones que pueden ser impuestas por un juez penal, como pena accesoria a la de presidio (artículo 13 del Código Penal), mientras que la inhabilitación administrativa para el ejercicio de funciones públicas, es una sanción complementaria que puede imponer el Contralor General de la República en aquellos casos en los cuales haya quedado evidenciada la responsabilidad administrativa de un funcionario, es decir, la naturaleza de ambas sanciones es diametralmente distinta”.
También aclara que, si bien el artículo 65 de la Carta Magna plantea que la prohibición de optar a un cargo público surge como consecuencia de una condena judicial por la comisión de un delito, “tampoco impide que tal prohibición pueda tener un origen distinto; la norma sólo plantea una hipótesis, no niega otros supuestos análogos”.
Los magistrados de la Sala Constitucional indicaron que Venezuela es firmante de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que en su artículo 30.7 expresa la posibilidad de inhabilitar “por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un periodo determinado por su derecho interno” a los sujetos de corrupción”.
Asimismo, determinaron que “la inhabilitación administrativa difiere de la inhabilitación política, en tanto y en cuanto la primera de ellas sólo está dirigida a impedir temporalmente el ejercicio de la función pública, como un mecanismo de garantía de la ética pública«, y no impide impide el ejercicio los derechos políticos consagrados en la Constitución, pudiendo entonces participar en eventos políticos internos.
Más medidas contra María Corina Machado
También este 3-Jul, el político Luis Ratti, excandidatos a varios cargos de elección popular, incluyendo el de presidente de la República, aseguró que acudirá ante organismos administradores de justicia, para activar otras medidas en contra de la dirigente de Vente Venezuela.
En el programa Vladimir a la Carta, aseguró que irá a la Fiscalía General de la República para solicitar un “pronunciamiento por escrito respecto a los delitos señalados por la Contraloría, que cometió María Corina Machado”, mientras que a la Corte Penal Internacional le solicitará que investigue a Machado “por haber solicitado la intervención, las sanciones y promover la violencia en nuestro país».
Aseguró que “la jugada” que está emprendiendo es para desenmascarar a la oposición “responsable de que el gobierno siga gobernando”.