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Añaden un año a la detención de expresidenta Añez en Bolivia

En esta foto de archivo del 13 de marzo de 2021, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es escoltada a una comisaría después de dar su declaración en la oficina del fiscal, en La Paz, Bolivia. Áñez está solicitando una audiencia con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para pedir libertad y un juicio justo. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Un juez amplió la detención por otros seis meses de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por un segundo proceso penal que le inició el Gobierno, esta vez por incumplimiento de deberes, se informó el martes.

Áñez debería recobrar su libertad cuando cumpla seis meses de detención preventiva que le impusieron en marzo tras ser detenida por cargos de conspiración, terrorismo y sedición, pero tendrá continuar detenida otro medio año por un segundo juicio, según dispuso el juez Andrés Zabaleta en una audiencia que la exmandataria siguió de forma virtual desde un cárcel de mujeres en La Paz.

“Me imponen otros seis meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías. Sin Justicia en Bolivia no hay democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su abogado Luis Guillén tildó la decisión de “arbitraria e irregular porque ninguna persona puede ser procesada dos veces por los mismos hechos».

Con Áñez suman más de 40 detenidos preventivos entre exministros, exfuncionarios, militares y policías por el estallido social de noviembre de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras las fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas en la que buscaba un cuarto mandato.

Las protestas cobraron la vida de 37 personas en protestas callejeras. Una veintena de ellas murió en violentas represiones de las fuerzas del orden cuando Áñez asumió interinamente con la misión de pacificar el país y llamar a nuevos comicios que fueron ganados por el actual presidente Luis Arce en octubre de 2020.

La oposición acusa al gobierno de utilizar la justicia para desatar una “persecución judicial”. El gobierno dijo que busca hacer justicia por las víctimas. AP

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