Dos personas detenidas y 21 por aprehender anunció este lunes el Ministerio Público mediante su vocero, el fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que también existen pruebas contundentes que vinculan a Juan Guaidó y Cliver Alcalá con la presunta incursión militar que fue revelada ayer por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol en Macuto, La Guaira.
«En horas de la noche surgieron evidencias contundentes que vinculan directamente a Juan Guaidó como el autor intelectual», dijo Saab en una rueda de prensa ofrecida en horas del mediodía. «Se trata de un nuevo acto terrorista que buscaba atentar en contra de la democracia venezolana», comentó.
El fiscal ofreció un balance de detenciones y personas por aprehender en las diferentes «incursiones militares» y hechos irregulares similares. «Caso Magnicidio contra el Presidente de la República: 20 personas privadas de libertad; 14 por aprehender; Operación Constitución 12 privados de libertad 3 por aprehender; Operación Libertad (30 de abril), 36 privados de libertad y 19 por detener», informó.
De acuerdo a las declaraciones, el Ministerio Público también investiga las denominadas Operación Sukoi (6 privados de libertad, 6 por aprehender), Operación Venezuela Honor y Gloria (9 privados de libertad, 13 por aprehender) y la Operación Aurora (29 privados de libertad y 15 por aprehender).
Agregó que las fuerzas de seguridad fueron incautaron 10 Fusiles, una pistola Glock 9mm, dos ametralladoras AFAG, presuntamente robadas del parque de armas del Palacio Federal Legislativo el 30 de abril, seis vehículos tipo camioneta, una Lancha con dos motores fuera de borda y cartuchos de diferentes calibres de armas de fuego.
Saab insistió en la existencia de un contrato entre Guaidó y la empresa de seguridad Silvercorp USA, con sede en La Florida, dirigida por el «mercenario» estadounidense, Jordan Goudreau, ex militar condecorado en su país en tres ocasiones.
«Esta empresa es una contratista especializada en problemas irregulares, que presta servicios de asesoría a corporaciones en evaluación de riesgos, en negociaciones de casos de secuestros y extorsiones», contó.
Según Tarek el contrato estipulaba un pago total de 212 millones de dólares, destinados a «derrocar al gobierno constitucional de Venezuela».
ED
Foto: Ministerio Público