La jueza nacional Daniela Salazar, condujo la vista judicial que analizó los argumentos presentados por los demandantes, la Defensoría del Pueblo ecuatoriano y ciudadanos, así como al canciller ecuatoriano, José Valencia, como responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para exigir a la corte declarar inconstitucionales los requisitos migratorios de los venezolanos impuestos por el Estado.
El Gobierno ecuatoriano se pronunció en agosto del 2018, debido al gran flujo de emigrantes venezolanos, exigiendo de forma obligatoria la presentación del pasaporte para poder ingresar al país cuando con anterioridad, los venezolanos podían pasar solo con su cedula de identidad.
Sin embargo, luego de que un venezolano asesinara a una joven ecuatoriana, los acuerdos de ingreso de venezolanos a Ecuador se complicaron, teniendo ahora como obligación presentar junto con el pasaporte los antecedentes penales, documentos que son difíciles de obtener con rapidez en Venezuela.
En un comunicado en su cuenta de Twitter, la jueza Salazar explicó que «Los accionantes alegaron que los acuerdos ministeriales son contrarios al principio de igualdad y no discriminación, al principio de estado de inocencia, al derecho a migrar y a la libre circulación, al interés superior del niño y a la unidad familiar».
Autoridades ecuatorianas sostuvieron que los migrantes de Venezuela sí tienen la capacidad para obtener los documentos que solicitan las autoridades.
En la audiencia los demandantes presentaron dos vídeos testimoniales de venezolanos que aseguraron que el costo de apostillar el documento cuesta entre 100 y 200 dólares, más las dificultades para lograrlo y que evidenciaron, según la Organización No Gubernamental (ONG), que los requisitos en lugar de detener el flujo migratorio han puesto en peligro a los propios emigrantes.
En marzo pasado la Defensoría del Pueblo de Ecuador, junto con representantes de varias organizaciones ecuatorianas, solicitaron ante la corte declarar inconstitucionales los requisitos impuestos por el Gobierno ecuatoriano a los venezolanos que buscan radicarse en dicho país.
Ese mismo mes un panel de jueces admitió la acción de inconstitucionalidad y adoptó medidas provisionales suspendiendo dichos requisitos hasta la resolución definitiva del caso.
Información cortesía MetroEcuador