Los representantes venezolanos replicaron en una carta, este jueves cuatro de julio, que el trabajo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tiene una visión «parcializada» y «distorsionada» sobre la realidad del país y no es objetiva en su informe.
«En el documento se privilegian exclusivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado», expresan.
En una larga carta titulada «Comentarios sobre errores de hecho del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” el gobierno de Nicolás Maduro, recalca su rechazo ante las declaraciones de Bachelet.
«No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”.
“Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas», sostiene la carta del gobierno madurista.
Además, en el documento se exponen de manera enumerada distintas excusas para refutar las conclusiones del informe oficial de la Alta Comisionada, destacando principalmente que «El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición».
Por su parte, de acuerdo al Foro Penal Venezolano, la organización que lleva el cálculo más certero sobre estas detenciones, al primero de julio existen alrededor de 630 presos políticos en Venezuela.