“Los diferentes organismos públicos localizados en el Estado Lara que supuestamente se crearon para actuar en ayuda, en soporte, del campesino y del productor agrario, resulta que se han convertido en una maraña de corrupción inenarrable, pero también de ineficiencia y de injusticias”.
De esa forma se expresó un grupo de pequeños productores agrícolas de varias partes de esta entidad federal, que, a tales efectos, acudieron personalmente a nuestras oficinas de redacción, en representación de lo que –dijeron- es el Frente de Comunidades Campesinas Revolucionarias del Estado Lara.
Fueron sus voceros los señores Marcos Torres, Rafael Rodríguez y Joel Hernández.
A propósito del día del campesino, éstos fueron tajantes en denunciar una larga hilera –valga el término- de situaciones que más parecieronser un rosario de calamidades, por las cuales –aseveraron- están pasando desde hace ya algunos años los productores agrícolas de todo el Estado Lara.
-Pero nosotros estamos casi seguros -advirtieron- de que eso está ocurriendo en todo el país.
Concretamente,Torres, Rodríguez y Hernández mencionaron, con nombre y apellido, al Instituto Nacional de Tierras (INTI), a la Defensoría Pública Agraria, a la Fiscalía del Ministerio Público Agraria, al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MRNR) y a Agropatria, como organismos que se han convertido “en antros de corrupción sin límites, y que no solamente es que no defienden ni ayudan para nada al campesino, al agricultor, sino que están actuando contra nosotros, para lograr prebendas mal habidas de esa misma corrupción”.
Ante una pregunta, aseveraron que ellos representan a alrededor de 15.000 familias agroproductoras de todo el Estado Lara, “y que lo que hemos hecho es vivir de la agricultura, una agricultura que cada vez se nos pone más cuesta arriba, por esta infinidad de situaciones que estamos denunciando”.
Ante otra pregunta, manifestaron que, de tal cantidad de familias, unas 5.000 son cultivadoras de café, y que el resto se subdivide en sembradores de otros rubros, tales como caraotas, quinchonchos, frijoles, yuca, papa, cambures, etc.
Entre las muchas situaciones irregulares que denunciaron los visitantes, manifestaron que ya los llamados Títulos de Garantías de Funcionamiento Socialista Agrario, que es en la práctica –recalcaron- un título de propiedad, “lo vienen irrespetado descaradamente, y están obligando a los agricultores y campesinos a desalojar sus tierras para dárselas a otros”.
A la vez, quisieron denunciar con nombres y apellidos a los doctores Ángel Flores, defensor público agrario del Municipio Morán, y Simón Ramírez, juez primero de Segunda Instancia Agraria del Estado Lara, “quienes se han convertido en unos perseguidores de los campesinos y agricultores”.
Igualmente, denunciaron que “constantemente también recibimos atropellos de parte de la Guardia Nacional Bolivariana”.
Y, finalmente, aseguraron que “el actual ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, se ha convertido en uno de los más grandes enemigos de los agricultores venezolanos, por la sencilla razón de que, como a él le conviene más una agricultura de puerto que una agricultura autóctona, pues a eso le ha dedicado toda su atención”.
Reinaldo Gómez