Hasta nuestras oficinas de redacción se acercó el señor Javier Nelo Hernández, ajedrecista larense y hombre vinculado –dijo— a las luchas sociales de esta entidad federal, con el objeto de solicitar públicamente al ciudadano gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, la destitución de tres altos funcionarios regionales.
Tales funcionaros son –prosiguió— los abogados Alberto Pérez y Alicia Carrasco, procurador y consultora jurídica de la Gobernación del Estado, respectivamente, así como también la del director del Servicio de Atención Integral al Niño, Niña y Adolescente del Estado Lara (SAINA-Lara), José Rafael Dorante Osal.
Como causa para ello, Nelo Hernández explicó que “lo que ocurre es que los tres funcionarios en cuestión son evidentemente unos arbitrarios y abusadores en sus cargos, y, en mi caso concreto, me despidieron injustamente y sin causal alguno como trabajador que yo era del SAINA-Lara, a pesar de todas las argucias y atajos desviados que intentaron.
Abundando en detalles, precisó que su despido ocurrió, en primer lugar, sin que se le instruyese el debido proceso.
Luego –aseveró–, se le imputaron delitos que no pudieron ser nunca probados, “al extremo de que el Tribunal de Juicio N° 6 del Estado Lara me declaró inocente, por que descartó de plano todas prueba presentadas por la Fiscalía que conoció del caso”.
–De manera, pues, que —recalcó—, en mi caso, se concretaron varias arbitrariedades, pues, en primer lugar, se produjo un desacato a la Constitución del Estado Lara; luego, se ha violado igualmente el decreto de inamovilidad laboral emitido por el propio presidente de la república, Nicolás Mwduro.
–Y, de paso, ni el contralor del Estado Lara ni la antes citada consultora jurídica me han atendido ni me le han dado respuesta a los oficios que yo les he enviado con respecto a mi caso, con lo que, asimismo, se me ha violado el derecho constitucional a obtener respuesta oportuna a todo planteamiento que se eleve a cualquier instancia pública.
–Es por todo eso –enfatizó por último— que me considero con pleno derecho para solicitar al primer mandatario regional, Eladio Pereira, la destitución inmediata de tales funcionaros, a los cuales ya mencioné, por abuso y por evidente negligencia en el desempeño de sus funciones.
Gráfica: Cortesía Edilber Alvarado