El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela señala a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo por “inacción”. Y también al fiscal general -Tarek William Saab- por participar “de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
Cuando en el informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, habla del “Fiscal General”, de la “Fiscalía General” y del “Ministerio Público”, se está refiriendo a Tarek William Saab, el fiscal general de Nicolás Maduro, y, por tanto, el responsable de estas instituciones.
Hasta el gobierno de Maduro “ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas”, dice el informe. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque existen “obstáculos”, aclara.
Un obstáculo es que “las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”. Otro es la “renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial”. Y, por último, “está la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial, también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
Entonces aparecen las primeras menciones al fiscal de Maduro. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo [Alfredo Ruiz Angulo] ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos”.
El informe Bachelet critica que “ninguna de estas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos”.
A continuación, viene una mención directa a Saab. “El Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
En octubre de 2018 puso de manifiesto esto que dijo la ONU. El fiscal general y jefe del Ministerio Público ofreció una rueda de prensa para aclarar la muerte del concejal Fernando Albán. Este cayó desde el piso 10 de las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Esto es lo único seguro de esa muerte.
El fiscal de Maduro no dio pruebas rotundas sobre las causas, pero sí dejó unas duras críticas, más políticas que judiciales, a los opositores que denunciaron -y denuncian- que Albán fue lanzado al vacío. “Son hechiceros de goce necrofílico”, les dijo.
Cuando Bachelet visitó Venezuela hace dos semanas se reunió con Saab. Este le entregó un informe sobre las sanciones que el Ministerio Público ha impuesto a violadores de derechos humanos desde 2017.
Al tiempo que se producía la reunión, la exfiscal Luisa Ortega Díaz tuiteó: “La Alta Comisionada debe saber que está reunida con un criminal que usurpa un cargo público. Es por ese personaje que hoy el Ministerio Público no garantiza los derechos humanos de los venezolanos, sino que persigue a la disidencia y encubre crímenes de lesa humanidad”.
Luisa Ortega, chavista, es la fiscal general que se rebeló contra Maduro en abril de 2017, cuando este utilizó a la justicia para imponer la Asamblea Nacional Constituyente, y, en boca de la propia Ortega, “romper el orden constitucional”. Las críticas al régimen la obligaron a huir del país en agosto de 2017. Entonces su cargo lo tomó William Saab. Ella se sigue declarando “fiscal general en el exilio”.
Cabe destacar que en el informe Bachelet también hay un señalamiento al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. William Saab no es el único.
Fuente: www.alnavio.com