Gremios de comerciales informales, transportistas y organizaciones cívicas y ciudadanas ratificaron este jueves su intención de paralizar actividades indefinidamente a partir del 8 de noviembre en rechazo a la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
Estos sectores cuestionan la también llamada «ley madre», vigente desde agosto pasado, al considerar que con esta norma el oficialismo busca «imponer» un «totalitarismo económico y financiero» en el país.
«El Gobierno se está aplazando, no está trabajando con su pueblo, es por eso que estamos tomando estas medidas», dijo a los medios el dirigente del transporte pesado, Juan Yucra.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) expresó en un comunicado su respaldo a la huelga nacional y también pidió la anulación de otro proyecto de ley aprobado recientemente por la mayoría oficialista en el Parlamento que, según sus detractores, vulnera las autonomías regionales, municipales y universitarias.
Comités cívicos como los de Santa Cruz, Cochabamba y Pando, además de dirigentes de comerciantes informales también manifestaron en las últimas horas que se sumarán a la huelga contra la «ley madre».
En respuesta a estos anuncios, el vicepresidente del país, David Choquehuanca, y dirigentes del llamado «Pacto de Unidad», que agrupa a sindicatos de obreros, campesinos e indígenas afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), comparecieron ante los medios para advertir que no permitirán que se desestabilice al Gobierno de Arce.