En la últimas 24 horas, se difundieron en el país, a través de las diferentes redes y portales, dos contradictorias informaciones, ambas relacionadas con el juicio que les sigue el gobierno a los hermanos Javier y Rafael Tarazona, y a Omar de Dios Sánchez-.
Como se sabe, todos ellos son operadores de la ONG Fundaredes, y fueron detenidos en la sede de una Fiscalía del Ministerio Público en Coro, Estado Falcón, el día 2 de julio pasado.
Su detención se produjo justamente cuando denunciaban allí acoso y amedrentamiento por parte de funcionarios policiales y del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin), varios de cuyos funcionarios fueron quienes los detuvieron.
El día 26 de octubre, fueron puestos en libertad, bajo presentación cada ocho días, Rafael Tarazona, hermano de Javier, y Omar de Dios Sánchez.
Y, para este jueves 4 de noviembre, estaba previsto que se efectuase la audiencia preliminar de los tres enjuiciados.
No obstante, por razones hasta ahora no conocidas, se suspendió el referido acto judicial, en lo que viene a ser la novena vez que tal acto es suspendido.
No se ha conocido si se fijó nueva fecha para esa audiencia preliminar, ni mucho menos para cuándo.
Ahora resulta que, por ironía del destino, el propio fiscal general de la nación, Tarek William Saab, en declaraciones aportadas al canal del Estado, vale decir Venezolana de Televisión, a propósito de la apertura de una investigación formal sobre Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional, negó que en el país se violen los derechos humanos, como política de Estado.
Algo que, por cierto, continuamente ha estado “machacando” Saab en sus continuas apariciones por la radio y la televisión venezolanas, siempre, por supuesto, negando el que el Estado venezolano mantenga una política de violación de los derechos humanos.
Y recordó que el despacho a su cargo ha abierto numerosas investigaciones cuando le han sido denunciados casos de violación de tales derechos, e incluso –enfatizó-, cuando se han determinado culpables, se han aplicado las sanciones penales debida, es decir, se les ha sentenciado a prisión.
En todo caso, que la opinión pública, y nuestros consecuentes lectores, saquen sus propias conclusiones.
Reinaldo Gómez