Son varias la imprecisiones legales y constitucionales de lo ocurrido este 5E en Venezuela. Ya hemos analizado algunas en otros trabajos, y en este caso nos referiremos al dispositivo de seguridad.
Juan Manuel Raffalli es un abogado constitucional, profesor de derecho y político para quien la GNB y la PNB no podían impedir el acceso de los diputados opositores, a la sede del Palacio Federal Legislativo.
Por el contrario, acota, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa y el Reglamento Interior y de Debates (RIDD) de la AN, los cuerpos de seguridad del Estado deben resguardar a los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
Impedir el ejercicio de estas funciones y peor aún, pretender asumir la función de calificar la cualidad de los diputados para asistir o no a la sesión, implica una extralimitación de funciones y en consecuencia la ejecución de actos de fuerza totalmente ilegales e inconstitucionales que desconocen la autonomía, independencia funcional y autoridad del Poder Legislativo Nacional consagradas en los artículos 136, 137 y 187.20 de la Constitución.
Juan Guaidó, por su parte, cuestionó el comportamiento de los organismos de seguridad del Estado. A la institución castrense la que calificó de «ser cómplices de Maduro en la represión denunciada contra los parlamentarios, que se disponían acudir al acto convocado para este domingo».
Y aquí es donde viene una de las grandes contradicciones, dudas o misterios de este 5E: en declaraciones emitidas desde el estadio de la Guaira, Nicolás Maduro aseguró que fue el propio Guaidó quien, hace más de una semana, solicitó la seguridad.
Explicó que, a través de los parlamentarios Stalin González y Edgar Zambrano, y la intermediación del ministro Jorge Rodríguez, Guaidó pidió la seguridad por cuanto tenían conocimiento de que personas que no son diputados, tenían pretensiones de entrar al hemiciclo para tratar de votar y sabotear la AN.
Maduro argumentó que el dispositivo de este domingo es el mismo que, desde hace 20 años, se dispone todos los 5 de enero para la asunción de la nueva junta directiva del Parlamento.
«Todos los diputados entraron. Hasta Juan Pablo Guanipa, que es buscado por la justicia, entró. Si el fracasado de Guaidó no entró fue porque no quiso, porque no tenía el quórum. Porque no las tiene bien puestas. No quiso dar la cara».
Sin embargo, un grupo de diputados aseguraron que en el tercer piquete de seguridad instalado en el camino hacia el Palacio Federal Legislativo, los funcionarios les impidieron el paso.
Varias diputadas estaban en ese grupo, entre ellas la parlamentaria zuliana Nora Bracho, quien al mostrar un raspón en un pie, aseguró que fueron maltratadas por los funcionarios.
La contraparte de esta versión recuerda que al hemiciclo entró hasta un diputado buscado por la justicia, como lo es Juan Pablo Guanipa, a quien se le vio junto a Guaidó llegar la lugar. Mientras Guaidó hablaba con los funcionarios, Guanipa pasó la fila que ellos conformaban.