Christian Roberto O.C. y Washington Andrés S.G. de 19 años de edad recibieron la pena máxima acumulada más agravantes, 40 años de prisión, por la violación y secuestro extorsivo de una venezolana en el 2019.
La información reseñada en El Comercio, indica que en la investigación, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional determinó que no era la primera vez que cometían este tipo de delito.
La Ley en Ecuador no obliga a las víctimas de violación a presentarse en la audiencia de juicio y, comúnmente, se manejan los casos bajo testimonio anticipado sin la presencia del victimario para evitar la revictimización, señalaron.
la joven de 22 años decidió presentarse y hablar del ataque sexual “para que ninguna otra mujer pase por lo que yo sufrí”, dijo.
La joven migrante laboraba como trabajadora sexual en Quito. “Ofrezco mis servicios a través de Internet, como dama de compañía. Mantengo a mis dos hijos pequeños y a mi familia en Venezuela. Desde lo que me hicieron –más de tres meses – no he podido trabajar, porque tengo miedo”, relató ante el Tribunal Penal.
La reseña del caso indica que el 12 de agosto de 2019, ella subió a un taxi cuyo conductor era Washington Andrés S.G. y en el que Christian Roberto O.C. iba como ocupante. Los ahora sentenciados habían requerido sus servicios y, por esta razón, la joven abordó el vehículo.
Pero la amenazaron con un cuchillo y la obligaron a contactarse con algún conocido que les hiciera un depósito de 200 dólares americanos. Llamaron a la pareja de la joven y le exigieron el pago. Al ver que su pedido no era respondido de manera inmediata, los agresores comenzaron a hacerle cortes en las piernas y a enviar fotografías al novio. En la espera por el depósito, la víctima fue violada.
La pareja de la víctima denunció el hecho y mediante la triagulación de las llamadas dieron con la ubicación del teléfono. Rescataron a la joven y aprehendieron a uno de los agresores, el otro escapó.
Al revisar uno de los celulares de los hombres, los uniformados se percataron de que había otras víctimas.
El 5 de mayo de 2020, el agresor que se encontraba prófugo fue hallado en un centro de rehabilitación para drogas clandestino, en el sector de Cotocollao, norte de Quito. Con la condena de los dos acusados, además de los 40 años de prisión, deberán pagar a la víctima una reparación integral de USD 2 000 y una multa de 800 salarios básicos unificados.