Una mujer identificada como Scarly Pérez llegó a nuestra sede a denunciar que junto con sus dos hijos, madre y hermana menor de edad, fueron víctimas de un desalojo arbitrario este 3 de octubre, además de múltiples abusos por parte de sus arrendatarios.
Relató que hace tres años, su arrendataria Clara Piña, quien no estaba en Venezuela en ese momento, le ofreció su vivienda, ubicada en Cruza Blanca, con la intención de alquilarla, debido a su temor a que fuese invadida.
Pérez detalla que para ese tiempo le pareció una buena opción, debido a la buena ubicación, por lo tanto cancelaba sin faltas su mensualidad. Indicó que no fue sino hasta que la mujer llega al país, hace unos meses atrás, que inician los problemas, “en medio de amenazas me sube el alquiler a 100 dólares” indicó la afectada.
Añadió que la arrendataria frecuentaba la vivienda y que poseía llaves del lugar. Pero no fue sino hasta el 3 de octubre, cuando la mujer en compañía de su novio, un camión, funcionarios, y hasta un obrero, llegaron a la vivienda en horas de la mañana, y sacaron parte de sus pertenencias del lugar.
“Yo salí y metí mis cosas nuevamente, ahí estaban mis hijos, de ocho y nueve años de edad, me amenazaron, me querían desalojar, botaron algunos alimentos de mis hijos” indicó Pérez al aclarar que desde ese momento comenzó la verdadera pesadilla.
Resaltó que la vivienda cuenta con un anexo, por lo que fue en ese lugar donde le permitieron quedarse, aunque insistió que no es apto para vivir con sus niños, debido a que el baño no funciona, además que desde ese momento sufre abusos y saboteo. “Me cortan los servicios, me cierran el agua” expresó.
“Encerraron a mis hijos y a mi hermana en un cuarto, los amenazaron, le dijeron que no podían salir y que si lo hacían, me mandarían presas. Mi hijo menor estaba en shock, hasta se hizo pupú del miedo que tenía” relató, al hacer referencia a la situación que se vivía el día del desalojo.
“Sacaron todas las cosas y las dejaron en el estacionamiento” añadió y explicó que el mismo día, salió a denunciar lo sucedido en la estación policial de Fundalara, pero que aunque estuvo allí por varias horas, no le ofrecieron mayores soluciones, recordó que al llegar a su residencia, los arrendatarios no le permitieron ingresar, mientras que sus hijos, madre y hermana estaban encerrados en el anexo, por lo que así pasaron la noche, sin comunicarse y sin verse, según Pérez.
Recordó ante su desespero fue al Cicpc, Conas, Destacamento 121 y hasta el Ministerio Público y al no recibir ayuda, se comunicó con la Defensoría del Pueblo y tras explicarles la situación, recibió la visita de dos consejeras del Cedna y un defensor, quienes según Pérez, no realizaron los debidos procedimeintos.
“Me obligaron a firmar un papel en blanco, me amenazaron diciéndome que si no lo firmaba me quitarían a mis niños y los mandarían a un hogar de abrigo, y que a mi junto a mi madre nos mandarían a un galpón con todas las pertenencias” sentenció la joven mujer.
Agregó que desde ese momento las cosas empeoraron, “me trataron de ocupante, porque solo hay un contrato verbal, pero yo confié en la mujer porque conocía a la señora” expresó. Indicó que las consejeras, eld efensor y algunos funcionarios se retiraron del lugar y la arrendataria los acompañó, «incluso se fue en la patrulla con ellos, a todas estas no entendí para qué«.
Relató que desde esa noche, recibe amenazas de la pareja de la arrendataria, detallando que en una ocasión la intimidó diciendo que mandaría a quemar sus pertenencias.
Añadió que sus electrodomesticos y otras cosas están a la intemperie, debido a que fueron dejados en un estacionamiento, y que durante las noches de lluvias, son muchas las cosas que pierden, entre ellos aparatos electrónicos y alimentos.
Pérez indicó que ante la inacción de diversos organismos de seguridad y gubernamentales, se vio en la obligación de acudir a los medios de comunicación, y que su única petición es la restitución de sus derechos y el bienestar emocional de su familia.
