El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Michael Kozak, enfatizó que las sanciones impuestas por Estados Unidos nunca serán contra el pueblo venezolano.
“Trabajadores del sector público, como docentes, médicos y enfermeras, luchan afectados por la Crisis de Maduro. Hoy Estados Unidos autorizó transacciones con tales individuos para garantizar que no sean afectados por sanciones a funcionarios corruptos del régimen”, dijo en su cuenta en Twitter.
Kozak aseguró que las sanciones son “dirigidas a los líderes del régimen y sus actividades corruptas y criminales; nunca al pueblo venezolano”.
Explicó que, como lo señala el informe de Acnudh de julio, “el sistema de salud de Venezuela sufre una grave escasez de suministros básicos, condiciones insalubres y éxodo del personal. Enfermeras, médicos y personal de atención médica denuncian estas condiciones deplorables”.
Sin embargo, a lo largo de este 2019 la ONU viene alertando sobre los efectos de las sanciones de EEUU en el ciudadano común venezolano. Michelle Bachelet, ha asegurado que «impactan potenciamente» contra los DDHH de la ciudadanía.
Pero no es la única. Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) y 15 ONG de Venezuela, Perú, Colombia, Brasil y EEUU, dedicadas a la defensa de los DDHH, difundieron en agosto un comunicado asegurando que las sanciones del país norteamericano empeoran «el sufrimiento humano en Venezuela».
Todas las instancias coinciden en afirmar que si bien la crisis venezolana comenzó antes de las sanciones, éstas la agravan y tienen como afectado principal al ciudadano común.
Desde el año 2014 hasta marzo de 2019 Venezuela ha sido objeto de 35 medidas por parte de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea (UE), Suiza, el denominado Grupo de Lima y Panamá, concluyó un estudio elaborado por la asociación civil Sures.
Voces contrarias al gobierno aseguran que la importación de medicinas, alimentos, el envío de remesas, entre otras actividades, quedan exceptuadas del esquema de medidas. Voces afines al gobierno aseguran que las sanciones impiden importar medicinas, alimentos y otros insumos que no se hacen en el país ni la materia prima para producirlos.