Este sábado 06 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al gobierno del presidente Daniel Ortega, permitir el trabajo de medios de comunicación locales y corresponsales internacionales, y lo responsabilizó por “cualquier incidente” que ocurra al respecto durante las elecciones generales en Nicaragua.
En un comunicado, las autoridades de la SIP señalaron que el gobierno no autorizó el ingreso a Nicaragua de varios enviados de televisoras, radios, agencias de prensa y periódicos extranjeros, situación que, indicaron, exhibe “un grave retroceso” para la libertad de expresión en la nación centroamericana.
Algunos corresponsales fueron rechazados al intentar ingresar por vía terrestre desde Honduras y Costa Rica, y a otros se les prohibió abordar vuelos hacia Managua. A la mayoría, el gobierno les respondió con evasivas sus solicitudes de ingreso, según denunció la organización de escritores y periodistas PEN Internacional.
“Nos vemos obligados a responsabilizar a las autoridades nicaragüenses por cualquier incidente que pudiera ocurrir en detrimento de los periodistas y los medios de comunicación nacionales e internacionales durante el proceso electoral”, señaló el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, reseña AP.
Por su parte, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, recordó que “los principales organismos internacionales han declarado estas elecciones como muy poco creíbles”. A su juicio, las más recientes acciones del gobierno de Ortega “no solo lo confirman, sino que también indican un grave retroceso en materia de libertad de expresión”.
Según PEN Internacional, al menos 100 comunicadores independientes nicaragüenses han sido forzados al exilio desde 2018, cuando estalló una revuelta social contra Ortega que dejó cientos de muertos y miles de heridos, detenidos y refugiados. Sólo en el último año emigró una treintena de comunicadores que recibieron amenazas y “asedio” de la policía y paramilitares, de acuerdo con los mismos registros.
Ortega espera ser reelegido por tercera vez este domingo, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, tras haber encarcelado a sus siete principales rivales y potenciales candidatos a la presidencia. Los opositores fueron víctimas de una ola de arrestos que se inició en junio y afectó a por lo menos 39 líderes políticos, estudiantes, profesionales, exdiplomáticos y exguerrilleros disidentes.