Comerciantes de origen asiático que desarrollan su actividad comercial acusaron que en distintos operativos donde presuntos funcionarios del Cicpc y fiscales del Ministerio Público les informan de allanamientos y detienen a personas para posteriormente exigirles sumas en dólares a cambio de dejar sin efecto tales medidas.
Tras la denuncia, el Cicpc ordenó abrir una investigación interna que incluye interrogatorio a los funcionarios adscritos a la División de Inteligencia, señalados como presuntos partícipes en las extorsiones a comerciantes que venden repuestos para motos Bera, reseña Ultimas Noticias.
Según testimonios los supuestos funcionarios llegaban a los locales donde venden repuestos para motos Bera, exhiben un documento que el comerciante chino le es difícil leer y luego comienzan a sacar todas las cajas del negocio para iniciar el allanamiento.
Una de las ordenes, signada con el número CIM-2023-000520, tiene el membrete del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control-Valencia, pero está firmado por Maxgliz Lizarazo, jueza provisora sexta en funciones de control, reseña Últimas Noticias.
Esa orden de allanamiento va dirigida al “Fiscal 85º Nacional con Competencia en Protección de Derechos Humanos y con Competencia Plena”. Allí se informa que el allanamiento será practicado por los comisarios Daewn Abley Echeverría Marciales, Gerardo Rubén Flores, Sanderli Valerio Pirela Arteaga; los inspectores Jhony Jesús Calzadilla Bolívar, Yunior Alexander Segovia, Gregory José Trinitario Guzmán, Merly del Valle García García, así como los detectives José Arteaga Almeida y Gerardo Jesús Amador, adscritos a la Dirección de Inteligencia del Cicpc.
En ese caso, el allanamiento tiene como propósito “obtener elementos de interés criminalístico identificados a continuación: de realizar, registro, inspección e incautación…de objetos tales como productos, repuestos, partes, motocicletas marca Bera o alusivas fonéticamente a Bera”.
Otra orden de allanamiento está identificada con el número 002-2023, firmado por la jueza Maryuris A. Díaz N. del Tribunal 45º de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de Caracas.
Los comerciantes señalan que normalmente los funcionarios policiales y fiscales les muestran tales órdenes para luego llevarse las llaves de los negocios y devolverlas cuando hayan cancelado determinada suma en dólares.
Pero además les dicen a los dueños de los comercios que se los llevarán detenidos aun cuando no muestren la orden de aprehensión.
Parte de la seguridad de los ciudadanos es la confianza en los funcionarios policiales quienes deben cuidar que sus actuaciones se ejecuten conforme a la ética y les leyes vigentes.
Su actuación debe ser ejemplo para los nuevos funcionarios que ingresen y aquellos que están en formación como los poco más de 2 mil nuevos aspirantes a detectives para fortalecimiento de la investigación penal, de acuerdo con información de la vicepresidencia de la República a través de la red social X.
Fuente: Últimas Noticias