Según la organización Espacio Público tras los comicios presidenciales del 28 de julio, que desencadenaron una serie de protestas en contra de la decisión anunciada por el CNE, hubo 49 detenciones arbitrarias en represalia al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
En el informe «Represión y censura poselectoral en Venezuela», publicado este miércoles y que abarcar los sucesos comprendidos entre 28 de julio y l 31 de octubre, Espacio Público afirmó que se agudizó un clima de miedo y autocensura dentro de la sociedad, entre ellos los trabajadores de la prensa, para evitar detenciones arbitrarias, persecución u hostigamiento.
«A diferencia de años anteriores, las restricciones no cesaron el día de las elecciones, por el contrario, se instauró un nuevo ciclo represivo que continúa hasta hoy y que ha tenido graves consecuencias», destacó la ONG en su informe. De hecho, sólo el 28 de julio registraron 34 denuncias de violaciones a la libertad de expresión y de prensa, la mayoría asociadas a dificultades para cobertura del proceso electoral.
«El contexto es mucho más hostil, mucho más violento que en otras elecciones previas y afecta a la sociedad civil, activistas sociales y políticos», insistió coordinadora del programa del Observatorio Social de Espacio Público, Marisabel Rodríguez,
De las 49 personas detenidas luego de las elecciones, 21 son periodistas, camarógrafos o fotógrafos. Actualmente, 11 permanecen detenidos y con procesos penales abiertos bajo acusaciones de presunto terrorismo, incitación al odio u obstrucción de las vías públicas.
Tal es el caso de Yousner Alvarado, un camarógrafo detenido el 29 de julio por la Guardia Nacional mientras hacía cobertura en la ciudad de Barinas; la reportera gráfica Deysi Peña, detenida el 3 de agosto por funcionarios de la Policía de Miranda; o la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada el 20 de agosto por efectivos del Sebin en La Guaira.
También permanecen bajo arresto Paúl León (camarógrafo de VPI Tv), Eleangel Navas (community manager de El Oriental), el locutor José Gregorio Camero, el reportero gráfico Fernando Chuecos, el editor Gilberto Reina, los periodistas Leocenis García, Víctor Ugas y Roland Carreño.
Rodríguez enfatizó que los detenidos están sometidos a distintos patrones que limitan el derecho a la debida defensa como la incomunicación, prohibición de visitas regulares, imposición de defensa pública o la negativa de acceso a expedientes.
Ataque de autoridades regionales y locales
Luego del 28 de julio, Espacio Público también registró un patrón de ataques de autoridades regionales y locales, debido al seguimiento de publicaciones y contenidos de medios de comunicación y redes sociales, a través de las salas situacionales; las amenazas preventivas, con el objetivo de impedir la divulgación de ciertos contenidos; al igual que la difusión sistemática y coordinada de información falsa por parte de funcionarios para restarle confianza a los medios de comunicación.
Además, se denunciaron amenazas concretas contra la integridad física de periodistas y trabajadores de la prensa. Rodríguez subrayó que estas dinámicas y patrones, si bien ya se han visto antes, se han intensificado en tiempo y frecuencia.
Los medios de comunicación y los propios periodistas para intentar contener los riesgos han tomado una serie de medidas, según evidenció la ONG, como la publicación de trabajos sin firmas personales, la limitación de coberturas políticas, el recorte o suspensión de programaciones informativas, desplazamientos forzados, y la suspensión parcial o indefinida del oficio.
«Se sigue haciendo el trabajo frente a estas limitaciones o restricciones y hay una voluntad importante en seguir trabajando tomando mayores medidas de seguridad y protección para los periodistas y fuentes. Se entiende que en un contexto más limitado y restrictivo de la libertad de expresión e información en Venezuela, estos espacios van a dar cuenta y registro de esas limitaciones y seguir informando sobre estas dinámicas», señaló.
AC