El Consejo de Estado de Perú acordó este 5Nov que los militares y policías imputados por delitos devenidos del uso de armas, en cumplimiento de misiones oficiales, sean excluidos de la justicia común y juzgados por el fuero militar.
La medida fue concertada en una sesión del Consejo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte e integrado por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y los titulares del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
La reunión, convocada para tratar el problema de la inseguridad y el desborde de la criminalidad organizada, acordó establecer un marco legal que garantice el uso de la fuerza por policías y militares en cumplimiento de sus funciones, informó Boluarte en rueda de prensa.
Para ello, solo el Fuero Militar-Policial podrá juzgar a los uniformados por situaciones derivadas del uso de sus armas de reglamento, previo informe de la Inspectoría respectiva, añadió.
El Consejo de Estado es una instancia deliberativa y consultiva, por lo cual la medida acordada quedó pendiente de la aprobación por el Parlamento, donde fue rechazada recientemente por sectores de izquierda y centro, cuando fue incluida en un proyecto de ley.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos señaló que solo los delitos relacionados directamente con las funciones militares y policías pueden ser juzgados en el fuero militar, pero si incurren en delitos comunes, deberán someterse al fuero civil u ordinario.
“Es grave que el Gobierno haya omitido ello y plantee una norma que resulta ajena a la práctica constitucional consolidada en nuestro país”, comentó.
Los críticos de la medida señalan también que las cortes militares pueden ser influenciadas por el llamado «espíritu de cuerpo», al juzgar a uniformados por hechos ocurridos cuando cumplían misiones.
Militares y policías de diversa graduación son investigados y eventualmente serán acusados por 50 muertes de civiles en la represión de las protestas sociales contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, por sucesión, en diciembre de 2022.
De otro lado, la presidenta Boluarte anunció el aumento de las penas de cárcel para los extranjeros que, habiendo sido expulsados, regresen clandestinamente a Perú.
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