Hasta nuestras oficinas de redacción se acercaron las ciudadanas Marisol Canelón y Carmen García, amas de casa ambas, domiciliadas en el sector “Delfín González”, adyacente a la Universidad Alma Mater, zona oeste de Barquisimeto, cada una en viviendas ubicadas una muy cerca de la otra.
Expresaron las visitantes que las dos han sido objeto de arbitrarias, abusivas e injustas decisiones con respecto a los beneficios sociales a que tienen derecho, no solamente todos los venezolanos, sino también todos los seres humanos.
En ese sentido, la primera de las nombradas manifestó que ella es madre de una niña de tres años y medio con síndrome de Down, la que, además, fue asimismo intervenida quirúrgicamente de un glaucoma ocular.
–Por razones de que yo requería cocinar continuamente para ella –apuntó–, se me habían asignado dos bombonas de gas pequeñas, es decir, de las de 10 kilogramos, pero también tenía igualmente asignadas dos bolsas CLAP, por el mismo motivo.
–Pero resulta que, ahora, de golpe y porrazo, me eliminaron la asignación tanto de una bombona como de una bolsa CLAP, y todo por razones políticas, pues se me tildó, por parte de las encargadas del manejo de ambos conceptos, “de estar con la oposición”.
Historia similar
Una historia similar contó la señora García, quien dijo ser madre de un niño de ocho años, también con síndrome de Down, pero asimismo con desnutrición crónica.
-A mí se me habían igualmente asignado dos bombonas también de diez kilogramos, por la misma razón de que debo cocinar varias veces, pero ahora, bajo argumento de que dizque estoy con la oposición, me han eliminado una bolsa CLAP, de dos que se me habían asignado por la condición de desnutrición del niño mío.
–Ahora bien –destacó–, en primer lugar, nosotras, ni Marisol ni yo, desarrollamos ningún tipo de actividad política, y, en segundo lugar, aún así, nosotras, como todos los venezolanos, tenemos derecho a los mismos beneficios que establecen la Constitución Nacional y las diversas leyes que nos rigen.
Atropello
“En dos palabras”, afirmó de seguidas, “esto no es sino un atropello y una abierta violación a nuestros derechos humanos, así como también –que es lo más aberrante y repudiable— a los derechos humanos de nuestros pequeños, discapacitados por lo demás”.
Al preguntársele de quién o de quiénes emanó la orden de eliminarles parcialmente sus beneficios, explicaron que provino “seguramente de las personas involucradas en la distribución de tales renglones en el sector en donde habitamos”.
–Queremos hacer un llamado al ciudadano gobernador del Estado Lara para que ordene una acción contralora en nuestro sector hacia todas las personas que tengan qué ver con esa distribución.
–Porque así como nosotras –dijeron finalmente–, hay varias otras personas en el barrio afectadas por esta misma situación, con el detalle de que tienen miedo de denunciar sus casos por temor a represalias.
Reinaldo Gómez