El embajador de Argentina en La Haya, Mario Oyarzabal, expresó su firme oposición a que el gobierno de Nicolás Maduro pueda ejercer su derecho al voto en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta postura se produce a raíz de la deuda acumulada por Venezuela, que asciende a 14.1 millones de euros desde 2018.
Durante una reciente reunión en La Haya, el representante del gobierno venezolano justificó la falta de pago aludiendo a las sanciones internacionales impuestas a funcionarios del país. Sin embargo, esta justificación generó preocupación entre los Estados miembros, lo que llevó a la Asamblea a tomar la decisión de revisar los criterios para otorgar el derecho al voto a países en situación de mora para el año 2025.
Oyarzabal enfatizó que, según el artículo 112(8) del Estatuto de Roma, una mora superior a dos años conlleva la suspensión del derecho a voto. En este contexto, la organización Provea destacó que el único otro Estado moroso que se benefició de un derecho al voto fue Liberia, que tiene una deuda de apenas 16,524 euros desde diciembre de 2022.
El embajador argentino agradeció el apoyo internacional en favor de las víctimas y la justicia, subrayando la necesidad de aplicar con rigor las disposiciones del Estatuto. Su intervención resaltó la importancia de mantener la integridad del sistema de justicia internacional y de evitar cualquier irregularidad que pudiera comprometer la credibilidad de la Asamblea.
La decisión de Argentina y otros países sobre este tema es un reflejo de la creciente tensión en torno a la situación política y humanitaria en Venezuela, así como de la urgencia de abordar las violaciones de derechos humanos en el país.
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