El ingeniero Rubén Morales anunció que, en su condición de presidente del Frente Anticorrupción del Estado Lara, denunciará a los representantes en esta entidad federal del llamado G-4, “por actos de corrupción de multimillonario enriquecimiento con los recursos manejados por Juan Guaidó”.
Morales anunció que acudirá a todas las instancias legales e institucionales, incluida la recientemente designada comisión especial de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado José Brito, “para precisamente investigar tales desaguisados”.
En una bastante extensa declaración, que por lo mismo debemos resumir, el también secretario de Organización Seccional de Acción Democrática (AD) (Bernabé Gutiérrez) en el Estado Lara explicó:
-Son unos cuantos los actos de corrupción en que se han visto involucrados el supuesto gobierno interino de Juan Guaidó y sus adláteres del G-4 a nivel nacional, tales como Henry Ramos Allup, Manuel Rosales, Julio Borges, Leopoldo López, etc.
-Y, por extensión, sus similares del Estado Lara, vale decir Alfonso Marquina, Edgar Zambrano, Sobella Mejías, Orlando Fernández Medina y otros más.
-Con esos recursos multimillonarios, esta gente convirtió todo ello en un auténtico festín de Baltazar, incluidos 80 millones de dólares que controló la Comisión de Finanzas de esa AN, y que presidía el diputado por el Estado Lara, Alfonso Marquina, quien, a fin de cuentas, era el que autorizaba la ejecución de tal dinero.
-Parte de esos recursos –añadió- fueron destinados al ahijado político de Orlando Fernández Medina, Juan Pablo Soteldo, hijo, quien, irónicamente, como supuesto “contralor” del gobierno interino en el exilio, era quien debía vigilar el correcto uso de tales recursos.
-Por cierto, un “contralor” designado a proposición del diputado larense Macario González.
“Fondo para la Liberación…”
-Todo ese dinero fue destinado a un llamado Fondo para la Liberación de Venezuela, que, una vez más, para lo que sirvió fue para enriquecer a las cúpulas partidistas del G-4.
-Y, por cierto, al Estado Lara se destinaron unos cuantos miles de dólares para financiar ese acto bufo de la llamada “consulta popular”.
-Y, como parte de ello, los esposos Zambrano-Mejías tienen –o tenían- previsto el manejo, hasta abril del 2.021, de una nómina de 300 activistas, a razón de 150, 100 y 50 dólares mensuales.
-Pero también han tenido qué ver con esa misma nómina multimillonaria dirigentes políticos larenses tales como Guillermo Palacios, José Gregorio Zaá, Daniel Orellana, Ángel Torres, estos tres de Voluntad Popular, e igualmente de Primero Justicia, con Alfonso Marquina al frente
-Todos ellos tenían –o tienen- una asignación de 2.500 dólares mensuales, como “asesores” de las distintas comisiones permanentes de la ahora extinta AN electa en el 2.015.
Al final, Morales enfatizó:
-Por todas estas razones, insto a todos los larenses a repudiar esos corruptos procederes, pues Venezuela se encuentra sencillamente en bancarrota.
-Y todo ello debido a que tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, en combinación con este corrupto G-4, no han tenido escrúpulos a la hora de caerle a mandarriazo limpio al erario público venezolano y a los activos del país en el exterior, llámense CITGO, Monómeros, o como sea.
Reinaldo Gómez
Foto: Archivo