“Los organismos jurisdiccionales competentes deben iniciar de inmediato una averiguación administrativa, penal y política en contra del alcalde del Municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, por el todavía incuantificable daño causado al patrimonio municipal, como consecuencia de la orden por él expedida de bloquear la página de los comerciantes contribuyentes de la patente de industria y comercio”.
La anterior manifestación provino del abogado Roberto Sánchez, ex candidato a alcalde del Municipio Iribarren y dirigente nacional del partido Acción Democrática (AD-Gutiérrez).
Se refirió Sánchez a la actual situación de conflicto –que lleva ya varias semanas— entre la alcaldía –personificada por el propio alcalde Reyes Flores—y los comerciantes larenses, ante lo que éstos han calificado como “desproporcionadas y arbitrarias tarifas” puestas en practica por la empresa Fospuca, por concepto del pago por la recolección de basura.
Puntualizó el dirigente político que el bloqueo de dicha página ha impedido que muchos comerciantes paguen su patente de industria y comercio, “precisamente en los meses de enero y febrero, que es cuando se producen las mayores recaudaciones del municipio, la mayoría de ellas —valga la redundancia— provenientes del sector comercial”.
“Ante esta situación –añadió–, caben, de entrada, dos preguntas, y la primera es: ¿Qué cantidad de recursos habrá dejado de entrar a las arcas del Municipio Iribarren?
–Y, en segundo lugar: “¿Cuál es el interés que tiene el propio burgomaestre iribarrense en ponerse abiertamente, casi como que “jugándose a Rosalinda”, de parte de Fospuca, una empresa privada que no tiene nada qué ver con la alcaldía, ni con ningún organismo público, y ni siquiera con el pueblo de Iribarren?
–Esa insensatez lo ha llevado a tomar esa lamentable medida de bloquear la página de los contribuyentes de la patente de industria y comercio, que, aparte del daño patrimonial ya indicado, viene a ser algo así como una actitud “chantajista” en beneficio, repito, de una empresa privada que nada tiene qué ver con el municipio capitalino.
–Es por eso que, a nuestro juicio, la Contraloría General de la Nación, la Contraloría Municipal de Iribarren y la misma cámara edilicia deben iniciar sobre la marcha una amplia investigación para establecer las presuntas responsabilidades administrativas, penales y políticas en que pueda haber incurrido el alcalde iribarrense.
Por último, Sánchez apuntó que “a última hora, parece que ha habido un compás de espera en cuanto a la vigencia de tales tarifas, pero, de todas maneras, ya el daño patrimonial al municipio está hecho, y tiene que haber un responsable de esa situación.
Reinaldo Gómez