La policía brasileña registró el jueves las casas y oficinas de varios asesores del expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación que indica que ellos planearon un golpe de Estado y que el exmandatario conocía el plan, según muestran documentos judiciales.
De acuerdo con el presunto plan, en caso de que Bolsonaro perdiera la elección de 2022, el expresidente firmaría un decreto en el que declararía que la votación había sido fraudulenta para justificar una posible intervención militar y convocar a nuevas elecciones. Aunque Bolsonaro efectivamente perdió la elección, el líder derechista nunca emitió el decreto para poner en marcha la fase final del supuesto plan.
Bolsonaro no fue objeto de los registros realizados el jueves, pero, al igual que a los demás, se le ordenó entregar su pasaporte, de acuerdo con un fallo del juez del Supremo Tribunal de Brasil Alexandre de Moraes divulgado el jueves.
La policía dijo en un comunicado que registró varias casas y oficinas de sospechosos que “actuaron para intentar un golpe de Estado” que habría mantenido a Bolsonaro en el poder tras su derrota en la elección de octubre de 2022 ante el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La policía argumentó que el grupo se preparó para alegar un fraude electoral “con el fin de permitir y legitimar una intervención militar”.
Documentos del Supremo Tribunal Federal que autorizan los registros muestran que la policía afirma que Filipe Martins, un asesor especial, le presentó a Bolsonaro el borrador de un decreto antes de la elección en el que se incluía emitir una orden de arresto contra dos jueces del STF, entre ellos De Moraes, quien presidió el organismo que supervisó la elección.
Presuntamente, Bolsonaro pidió que se retiraran varios elementos del decreto, mientras que mantuvo la convocatoria a nuevas elecciones y modificó la orden de arresto para detener únicamente a uno de los magistrados: De Moraes. También presuntamente, Bolsonaro convocó una reunión con los jefes de las fuerzas armadas para presentarles el plan modificado y hacer que se “apegaran” al mismo.
Entre los objetivos de los 33 registros se encuentra Martins y el compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022: el general Walter Braga Netto; así como el general Augusto Heleno; el exministro de Justicia Anderson Torres, y el presidente del Partido Liberal —al que pertenece Bolsonaro—, Valdemar Costa Neto, se indica en el fallo.
El abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, dijo en X que Bolsonaro cumpliría con la orden de entregar su pasaporte. Uno de los asesores de Bolsonaro que es uno de los objetivos de los registros estaba con el expresidente en el momento de la operación realizada la mañana del jueves, dijo Wajngarten.
Se le pidió al asesor que volviera a Brasilia, la capital de Brasil, para que Bolsonaro cumpliera con la orden de no tener ningún contacto con personas que estuvieran siendo investigadas, señaló el abogado.
Carlos Melo, catedrático de ciencias políticas de la Universidad Insper en Sao Paulo, dijo que las revelaciones de jueves son un importante giro en los acontecimientos para Bolsonaro.
“Hasta ahora, él siempre podía decir que no sabía nada al respecto”, señaló Melo. Pero el contenido del fallo del STF, un documento de 135 páginas, indica que ya no es así, afirmó.
La investigación supuestamente encontró pruebas de reuniones entre funcionarios públicos y miembros del ejército para analizar la forma en que el gobierno y las fuerzas armadas podían respaldar e incluso financiar a manifestantes a favor de Bolsonaro. Varios miembros de alto nivel del ejército fueron objeto de registros judiciales el jueves.
Las investigaciones afirman que varios funcionarios vigilaron los movimientos de De Moraes, presumiblemente para arrestarlo si se emitía el borrador del decreto.
Bolsonaro sembró repetidamente dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral brasileño, nunca admitió su derrota y declinó asistir a la toma de posesión de Lula, aunque salió del país y se mantuvo al margen en los días previos a la investidura de Lula el 1 de enero de 2023.
El 8 de enero de 2023, partidarios de Bolsonaro organizaron disturbios en la capital, aparentemente en un intento infructuoso de provocar un golpe de Estado que lo devolviera al poder.
Aquella fue la contienda presidencial más cerrada en la historia reciente de Brasil.
Bolsonaro y su partido político presentaron una solicitud para anular las boletas emitidas en la mayoría de las casillas electrónicas, lo que habría revertido los resultados. La solicitud fue rechazada y De Moraes escribió en su fallo que la impugnación presentada parecía tener como objetivo incentivar los movimientos de protesta antidemocráticos y generar tumultos.
Lula, que sigue en el poder, dijo el jueves a una estación de radio de Minas Gerais que no le correspondía comentar sobre una investigación en curso.
Sin embargo, añadió que, en su opinión, el levantamiento del 8 de enero no habría ocurrido sin la participación de Bolsonaro.
“Se debe investigar a mucha gente porque se trata de un hecho concreto que hubo un intento golpista, que hubo una política de falta de respeto a la democracia, que hubo un intento de destruir lo que construimos hace tantos años, que es el proceso democrático”, dijo Lula.
El mes pasado, la policía federal registró propiedades relacionadas con Carlos Bolsonaro, el hijo del exmandatario y concejal de la ciudad de Río de Janeiro, y con Alexandre Ramagem, quien fuera director del organismo de inteligencia de Brasil en el gobierno de Bolsonaro.
La policía indicó que esas operaciones eran parte de una investigación sobre el organismo de inteligencia de la nación y sobre presunto espionaje contra opositores políticos en el gobierno de Bolsonaro, que concluyó en diciembre de 2022. Bolsonaro estaba con su hijo cuando su casa y su oficina fueron registradas la semana pasada, pero no fue obligado a entregar su teléfono ni otras pertenencias.
Comunicados de la policía y documentos del STF emitidos previamente muestran que la policía investigaba a un grupo “del crimen organizado” que operaba dentro del organismo de inteligencia en el gobierno de Bolsonaro y presuntamente utilizó las herramientas y servicios de dicho organismo con fines políticos y para obtener ganancias personales.
La policía afirmó que identificó a un grupo que presuntamente incluía a Carlos Bolsonaro, quien “vigilaba a ‘enemigos políticos’”, de acuerdo con documentos del Supremo Tribunal Federal. El grupo también era sospechoso de buscar interferir con investigaciones policiacas en curso, algunas de las cuales tenían como objetivo, o estaban relacionadas con, otros dos de los hijos de Bolsonaro: Jair Renan y Flávio Bolsonaro, un senador en funciones.
AP