Serios cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público venezolano en estos últimos cinco años dejaron ver organismos de defensa de los derechos humanos en el estado Lara.
Dichos cuestionamientos surgen a propósito de recientes declaraciones del fiscal general de la república, Tarek William Saab, en las que éste da a conocer imputaciones por homicidio y otros delitos contra tres ciudadanos en hechos distintos, a manos de funcionarios de organismos de seguridad.
Así lo dieron a conocer en rueda de prensa representantes de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara (REDHELARA).
Entre éstos, se encontraban Nelson Fréitez, docente de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, y los abogados Manuel Virgüez y Zully Álvarez, defensores los tres de los derechos humanos.
De igual forma, se hallaba también el señor Luis Sosa, padre este último del joven Manuel Sosa, ultimado en la urbanización Valle Hondo, de Cabudare, durante una acción represiva de la Guardia Nacional Bolivariana, en el mes de mayo de 2.017.
Una “afrenta…”
En un extenso documento entregado a los medios de comunicación social por los representantes de REDHELARA, entre otros aspectos, se señala:
-Las recientes declaraciones del fiscal general de la república impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente sobre un presunto informe por él enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) constituyen, cuando menos, una afrenta a la memoria de las víctimas de ajusticiamientos y de torturas, y a sus propios familiares.
-Son precisamente estos familiares quienes con mayor fundamento y veracidad pueden confirmar que el MP y los tribunales en Venezuela han actuado solamente en algunos casos, y lo han hecho presionados por las denuncias de organizaciones sociales y de esos mismos familiares.
En el referido escrito se recuerda que, hasta ahora, se cuentan poco más de 300 denuncias “por ajusticiamientos” llevados a cabo en el país por parte de órganos militares y civiles contra personas que ejercían su derecho a la manifestación pública pacífica, entre los años 2.017 y 2.020.
-Pero esas investigaciones de que habla el fiscal general se refieren a casos puntuales, sin la correspondiente citación a los funcionarios involucrados, y con múltiples obstáculos a los familiares para el acceso a los respectivos expedientes.
-E incluso, mucho menos sin identificación de los responsables de ordenar y de ejecutar las acciones armadas contra las personas fallecidas o torturadas, pero, de paso, existen asimismo evidencias de pérdidas y extravíos de pruebas y de documentos en los respectivos expedientes.
Exigencias de “justicia…”
El manifiesto reitera luego “nuestra permanente actitud” de acompañamiento a los enormes esfuerzos de los familiares de estos jóvenes ajusticiados, por lo que hemos podido constar que, en medio de su dolor y de su impotencia, han continuado exigiendo justicia”.
Explica luego el escrito que, en las casi diligencias efectuadas por esos familiares ante las fiscalías del Ministerio Público, han podido comprobar la inacción de este último despacho en tales procesos investigativos.
Asevera luego que debe individualizarse la responsabilidad de los “ajusticiamientos cometidos”, al igual que debe identificarse plenamente a los integrantes de la cadena de mando que autorizó la comisión de tales “violaciones a la vida”.
-En Venezuela –prosigue-, no ha habido justicia ni voluntad de hacerla por parte de los órganos del Estado a los que ello les compete.
-Esa verdad –apunta finalmente- debe ser constada por la CPI, y la voz de los familiares de las víctimas es fundamental para sustentarla.
Reinaldo Gómez
Fotos: Cortesía Redhelara