Según un documento al que tuvo acceso el sitio web venezolano, El Estímulo, el juez federal Paul B. Matey, del Tercer Circuito acató favorablemente una moción interpuesta por la Junta Directiva ad Hoc de Petróleos de Venezuela, que es reconocida por el gobierno y el sistema de justicia de Estados Unidos.
«La moción de suspensión precedente se remite al panel de este Tribunal que decidirá sobre el fondo de estos recursos. Mientras tanto, se ordena una suspensión administrativa temporal: se SUSPENDEN los procedimientos adicionales en los seis recursos de apelación SUSPENDIDOS hasta nueva orden de este Tribunal», se lee en el fallo del juez Matey.
El Estímulo explica que esta suspensión se refiere a los casos 23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652, y 23-1781, incoados por un grupo de empresas extranjeras contra la República Bolivariana de Venezuela, en reclamo de dineros pendientes de pago tras expropiaciones ordenadas por el Gobierno Venezolano o incumplimiento de contratos comerciales.
Y a pesar de que estos reclamos de deuda son directamente contra la nación venezolana, bajo el argumento «alter ego» en tribunales, desde 2018 se califica a Citgo como una representación del país de la cual puede debitarse dicha deuda.
Las empresas involucradas en este caso son: OI European Group B.V; Northrop Grumman Ship Systems, Inc, antes conocida como Ingalls Shipbuilding, Inc (en este caso contra el ministerio de la Defensa de Venezuela), ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd., y LDO (Cayman) XVIII Ltd, además de la minera canadiense Rusoro Mining Limited y Koch Minerals Sàrl y su filial Koch Nitrogen International Sàrl y la minera Gold Reserve Inc.
Según lo escrito por el periodista Omar Lugo para sitio web venezolano, la revisión de estos recursos seguirá su curso en un «calendario perentorio» según el cual los apelantes deberán presentar sus escritos el 19 de mayo de 2023 o antes; los escritos de respuesta de los apelados deben ser presentados antes del 2 de junio de 2023 y los escritos de réplica deberán presentarse antes del 9 de junio de 2023.
Entre los apelantes está la Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa, que fue nombrada por el «llamado gobierno interino» que encabezó Juan Guaidó.
El presidente de esta junta, Horacio Medina, dijo en breves declaraciones a El Estímulo poco después del fallo del juez Matey, señaló que cuando el juez Leonard Stark dictaminó en 2018 en su sentencia de embargo a favor de Crystallex dejó claro que la figura del «alter ego» debía ser demostrado al momento de dictar la sentencia de embargo.
«En ese momento, para 2018, para él no era nada difícil darle crédito al argumento de Crystallex sobre el alter ego que ejercía Maduro en ese momento sobre Pdvsa y que obviamente tiene un histórico desde la época de Chávez», dijo Medina.
Con información de; El Estimulo