El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados del Estado Lara, que preside Francisco Carmona, rechazó de forma rotunda la decisión del presidente de la república, Nicolás Maduro, de “simplemente” decretar un incremento del llamado “bono de guerra” del sector de trabajadores y empleados públicos.
Tal posición está fijada en un extenso comunicado emitido por dicho Comité, el que fue entregado a los medios de comunicación social por el propio Carmona.
Entre otras cosas, en el comunicado, se señala que “rechazamos la continua política de transgresión de los derechos de los trabajadores activos, pensionados y jubilados al mantener estancado el salario mínimo por más de dos años consecutivos en $ 3.5 al mes, con las devastadoras consecuencias que ello acarrea para la familia del trabajador venezolano, sea activo, jubilado o pensionado, al despojársele de un ingreso suficiente que le permita cubrir sus necesidades básicas de vivienda, pago de alimentos, medicinas, recreación y pago de servicios básicos para el hogar”.
Rechazo
“Rechazamos la afianzada política de bonificación salarial adoptada por el gobierno nacional desde hace ya varios años, como una vez más se ha puesto de manifiesto en esta oportunidad, lo cual contraviene lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley del Trabajo vigente”.
”Una bonificación que, por cierto, además de ser insuficiente, liquida los beneficios contractuales conquistados en numerosas luchas anteriores por los trabajadores venezolanos, bonos que, de paso, no tendrán incidencia alguna, por no ser ´parte del salario, en las prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldo de fin de año, cajas de ahorro, pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y primas por profesionalización, entre otros beneficios conculcados a los trabajadores venezolanos en los últimos dos años”.
“Rechazamos que se endurezca la política de exterminio en contra la la población adulta mayor en Venezuela al no anunciarse ningún ajuste en el monto de lo que cobran los pensionados del IVSS, para sencillamente remitirlos a la aprobación de una supuesta ley que pecharía a los empleadores y crearía un fondo para el pago de un potencial incremento, y son precisamente los pensionados del país quienes han llevado la peor parte en los miserables y pírricos anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro.
“Destruida la seguridad social…”
De alguna forma, el documento en cuestión –bastante extenso, como ya antes se indicó— critica duramente el hecho de que no exista al momento un sistema de seguridad social integral, “ya que el que existía terminó por ser destruido paulatinamente en estos últimos 25 años”.
Hay también en el documento algunas preguntas de corte bastante crítico, como, por ejemplo, ¿Por qué en el período 2002-2005, siendo el señor Nicolás Maduro presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, se tomó la decisión de paralizar la discusión y aprobación del Sistema de Seguridad Social Integral de Venezuela, y se engavetaron los proyectos de leyes de pensiones, así como de otras asignaciones económicas, y muy especialmente el de salud”.
Gráfica: Julio Colmenárez