ICOLT / «Si la ANC, para enfrentar la sedición y la ilegalidad de la Asamblea Nacional adeco-burguesa decidiera, en algún momento, adelantar las elecciones del Parlamento, amén, iríamos todos. Ojalá no sea necesario”, dijo este 9 de enero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La «alternativa» de renovar el Poder Legislativo la plantea un día después de que durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, el constituyente Gerardo Márquez propusiera disolver el actual Parlamento y convocar a elecciones para renovarlo.
“Debemos estudiar la disolución de la Asamblea Nacional por continuar en desacato y que se convoque a elecciones legislativas, como poder supraconstitucional que somos” dijo Márquez en momentos cuando el enfrentamiento entre los poderes públicos recrudece (al menos frente a los medios de comunicación), a pocas horas de la tan discutida asunción de Maduro como presidente constitucional, para un segundo período.
La comisión del delito de traición a la patria sería un argumento que al chavismo en el poder abriría la puerta para proceder. El presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, solicitó a los órganos de justicia una investigación por esta falta a quienes apoyen las decisiones del Grupo de Lima (GL) en contra de Venezuela.
Las acciones de ese cartel están marcando la estrategia de la recién juramentada directiva del Legislativo, en torno a la cual se están aglutinando las fuerzas que adversan a Maduro, encabezadas por EEUU, seguidos de la UE, el GL, la OEA y ahora también la iglesia católica venezolana, con cuya cúpula Juan Guaidó se reunió recientemente.
“Si la Asamblea Nacional no actuase en defensa, rechazando la violatoria del grupo, la ANC ejercerá las acciones para corregir esa conducta”, sentenció Cabello, dando tarima al planteamiento de un aireado Márquez y configurando un piso institucional para actuar en función de lo que el chavismo maneja como “restablecer el orden en la Asamblea Nacional”.
A eso se suma, como guinda de la torta, la solicitud de la ANC a los Poderes Públicos con competencia, de «dar el tratamiento de traidores a la patria a quienes apoyen y respalden las acciones injerencista que este grupo de países promueve contra el país».
Las declaraciones de este miércoles de Maduro, quien antes había informado que ordenó a la Procuraduría diligenciar todo lo que el Ejecutivo pueda hacer para que el Estado investigue los delitos de traición a la patria, bien podrían ser parte de la estrategia.