“Fue víctima de un acto atroz y cargado de odio. A Sara la violentaron, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron al río, y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos”.
Así explicó Lorena González Ospina, alcaldesa del municipio de Bello, en el departamen
to de Antioquia, la agresión devenida en asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años años que pasó los últimos momentos de su vida en medio de las turbulentas aguas de una quebrada, ante la vista de algunos transeúntes y vecinos que grabaron la terrorífica escena.
Según las autoridades, al final de la tarde del 4 de abril, “La Millerey”, como era conocida, fue rescatada de la quebada por funcionarios de los bomberos y la policía local, y fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció al día siguiente debido a las consecuencias de las torturas recibidas.
La alcaldesa González Ospina anunció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (unos 11.000 dólares) a quienes aporten información que lleve a la captura de los responsables del crimen. Lo propio hizo la Gobernación de Antioquia, ofreciendo otros 50 MM.
¿Crueldad colectiva?
La violencia quedó grabada y se hizo viral en redes sociales entre el lunes 7 y martes 8, dejando interpretar que no solo los autores materiales del crimen son responsables, sino quizá un colectivo que, en lugar de auxiliarle, grabó durante horas la agonía de un ser humano brutalmente golpeado, que no podía moverse porque le fracturaron brazos y piernas.
Sin embargo, medios colombianos recogieron versiones según las cuales, algunas personas que intentaron socorrerla, escuchaban que desde otro lado de la quebrada gritaban que no la ayudaran, que la dejaran la arrastrara la corriente.
En el video que circula en redes sociales, se puede ver a la víctima tratando de no sucumbir dentro de cauce de agua crecido por las lluvias, mientras grita de dolor. Según la Alcaldía de Bello, González Borja estaba en condición de calle, aunque sus familiares habitan también en la zona.
Ante tal sevicia, sectores de la sociedad colombiana, autoridades nacionales y regionales, han reaccionado calificando como «atroz» este crimen que se suma a los 25 cometidos en Colombia contra la comunidad LGBTIQ+, 15 de ellos personas trans- en lo que va de 2025, principalmente en Antioquia.
Organizaciones de DDHH acusan que se trata de una ola de violencia sistemática que busca «borrar» la existencia de estas personas, mientras que organizaciones civiles por los derechos de la población LGBTIQ+, en Antioquia, aseguran que hay «dinámicas de limpieza social dirigidas a población trans».
En ese contexto, el Ministerio de Igualdad y Equidad convocó una acción conjunta con el Ministerio de Interior para esclarecer el asesinato, mientras que el presidente, Gustavo Petro, lo calificó como un acto de «fascismo» porque «hay Nazis en Colombia”.
Otros sectores de la sociedad reflexionan más allá de la transfobia, y analiza que la indiferencia social frente al dolor ajeno, es altísima, y hasta parece empeorar.