Reinaldo Gómez.-
El Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Lara (Sumalara), por boca de su presidente y de su secretario general, profesores Orlando Herrera y Ricardo Rojas, respectivamente, denunciaron por ante este diario lo que calificaron de “brutal acoso laboral”, por parte de la las autoridades educativas tanto nacionales como estadales, contra los docentes larenses, situación que – aseveraron- se plasma en el hecho de que no menos de un centenar de educadores se hallan en estos momentos con sus sueldos suspendidos y muchos de ellos incluso con expedientes levantados, y hasta con miras a sus potenciales despidos, “por el simple hecho de haber participado –y todo con el debido permiso laboral, o gremial- en las luchas que estuvimos protagonizando durante los meses de mayo y junio pasados”.
Acompañados de otros directivos de Sumalara, aseveraron los denunciantes que “esto no es sino una manera de cobrar venganza a estos colegas por haber tenido el valor, el coraje y la valentía de haber salido a la calle a reclamar sus derechos, tantas veces pisoteados por el patrón, tanto a nivel nacional como a nivel regional”.
Abundando en detalles, apuntaron que “el primer incumplimiento de estos gobiernos para con los educadores larenses es el de que lo que tenemos es un salario de miseria, que no llega ni siquiera a los siete dólares mensuales, aparte de una serie de violaciones flagrantes, abiertas y descaradas, y sin ni siquiera explicación alguna, a nuestra contratación colectiva vigente”.
Más de cien
¿Cuántos educadores podrían estar afectados por esta situación?
-Bueno –señalaron-, en este momento, no podríamos decirle con exactitud porque, en los últimos días, hemos estado recibiendo continuas denuncias a por parte de colegas afectados por esta situación, pero, contando lo que ocurre también con educadores afiliados a los otros gremios estadales, podemos asegurar que no deben bajar de cien los educadores afectados por este abusivo y vulgar acoso laboral”.
-Incluso –recalcaron enfáticamente-, entre esos colegas perseguidos, figuran algunas educadoras embarazadas, lo que hace más grotesca aún esta actitud de persecución.
-Y lo más grave de todo esto es que a esos colegas ni siquiera se les ha dado el derecho a la defensa, porque, entre otras cosas, ni siquiera –valga la redundancia- han tenido a la vista los expedientes que les están levantando, tal como lo establece el ordenamiento jurídico venezolano para un debido proceso.
-Pero -recalcaron- sobre la marcha, vamos a acordar con los otros gremios educativos regionales una estrategia para asumir la defensa plena, tanto laboral como jurídica, de estos colegas a quienes se pretende dar el peor de los tratos.
Bono
Po otra parte, también quisieron Herrera y Rojas denunciar que “ya tenemos conocimiento de que, a nivel regional, del bono vacacional que corresponde a los educadores este año, únicamente se les va a cancelar un 60 por ciento de su monto”.
-Esto afecta –dijeron finalmente, a unos 4.900 docentes estadales, y en cuyo nombre vamos también a hacer el correspondiente reclamo.