Jorge Rodríguez, Pedro Infante y América Pérez, quienes fueron ratificados como presidente, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, para el periodo 2024- 2025, aseguraron que trabajarán para recuperar el bienestar social que, según ellos «arrebató» Estados Unidos con sus sanciones.
El año pasado esta misma directiva prometió priorizar las leyes económicas en su agenda legislativa. Dijeron a inicios de ese año que centrarían su gestión en trabajar leyes para la atención de los servicios públicos, el desarrollo humano y procuren la «revolución del sistema de justicia».
Sin embargo, esto no fue así. Los servicios públicos quedaron fuera de las prioridades de la Asamblea Nacional en 2023. El año pasado el Parlamento no sancionó ninguna de las leyes en esta materia; todas se quedaron, una vez más, en el congelador, reseña Tal Cual.
La Ley Orgánica de Aguas, por ejemplo, fue aprobada en primera discusión en 2021, desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema en las sesiones ordinarias. Tampoco se hizo la reforma que se plantearon —al asumir en 2021— a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La reforma de la Ley de Gestión Integral de la Basura también se quedó en el congelador. La iniciativa fue planteada en 2022 por el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, en junio del año pasado, la Comisión Permanente de Administración y Servicios, presidida por el diputado Pedro Carreño presentó a la cartera ejecutiva algunos «avances» a la preparación de la norma.
En materia económica, para el 2023 la AN prometió abordar la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas (no se discutió), la Ley de Comercio Digital (no se discutió en plenaria), la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (quedó en primera discusión desde 2022), la Ley para la Protección y Promoción de Agave Cocui-Cocuy (única aprobada en segunda discusión) y la Ley del Fomento de las Exportaciones no Tradicionales (aprobada en primera discusión en septiembre 2023). La mayoría de las leyes antes mencionadas quedaron pendientes.
Solicitan discusión de ley sobre ONG y diferir la del Esequibo
La AN anunció este martes que, a partir del próximo viernes, llevará a consulta pública el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, aprobada por la Cámara en primera discusión en enero de 2023.
E presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, recordó que de acuerdo con la legislación, «es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley y los elementos necesarios, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión».
El proyecto inicial de esta ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
El proyecto de ley fue ampliamente criticado por las organizaciones no gubernamentales, que manifestaron que con ella se busca «criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional».
También este martes, la Asamblea Nacional (AN) difirió debate de la ley de anexión de la Guayana Esequiba, que se disputa con Guyana.
Con el argumento de que aún se reciben propuestas el diputado Diosdado Cabello, propuso a la AN extender el plazo de la consulta pública.
«A partir del artículo ocho, hay artículos (sobre los) que todavía estamos recibiendo propuestas y, respetuosamente, solicito ante esta plenaria el diferimiento para revisar todas las propuestas, respetando el poder popular y el derecho que tienen de participar en la redacción de esta ley», sostuvo.
De la referido proyecto se han aprobó los artículos que contemplan el reconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único mecanismo para la resolución de la controversia con Guyana, y el que rechaza la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal como lo solicitó Georgetown.
Fuente: Tal Cual