El martes 7 de febrero la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Participación Estudiantil en Subsistema de Educación Básica, lo que trajo entre los padres, representantes y docentes muchas dudas al especularse que los bachilleres podrían dar clase.
Según lo señalado por el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la AN, esta ley tiene como objeto promover y desarrollar los medios para la participación protagónica de los estudiantes, «para impulsar las vocerías que existen en las instituciones educativas, además legitimar los procesos de elección que se desarrollan en las aulas por votos democráticos».
En la ley aprobada, también incluyeron artículos que avalan la no discriminación, el enfoque de igualdad y la equidad de género, la corresponsabilidad, el interés general y el orden público, además de la libre asociación en el ámbito escolar.
¿Qué dicen los docentes?
Ante esta situación ha surgido la incógnita ¿tratarán de sustituir a los maestros que exigen en la calle sus derechos, con bachilleres en las aulas?. La profesora Blanca Terán de Arrieta, presidenta de Aproupel, dijo en entrevista con El Informador Venezuela, que con esta ley «buscan crear una situación difícil e incómoda al no decir las cosas claramente, no dice que los bachilleres puedan dar clase, si no que lo deja implícito».
Explicó la profesora que por «lo que más nos preocupa es que se pretenda dictar un adoctrinamiento a los estudiantes con esta ley, aunque no lo exprese directamente, porque a buen entendedor, pocas palabras».
Puntualizó Terán de Arrieta que además «pretenden darles responsabilidades laborales que no les corresponden a los estudiantes, ellos están en su proceso de formación, son menores de edad».
Señaló que el sector educativo no entiende cuando hablan de participación educativa «ya que los estudiantes son los protagonistas de la educación».
En cuanto al ámbito legal recordó que según lo establece la constitución del país y la ley del ejercicio de la profesión docente en su artículo 78, los únicos autorizados para ejercer «son aquellas personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provista del título profesional respectivo».
Orlando Herrera, coordinador de la Coalición Sindical en Lara, rechazo la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica al considerar que ésta colide con la Lopnna, Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Trabajo.
En tal sentido, aspira que la Sala Constitucinal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la devuelva a la Asamblea Nacional con rango de nulidad.
Igualmente, Falime Hernández, presidente de Fenasited, rechaza ese texto jurídico aprobado recientemente, para regular a las organizaciones estudiantiles.
Pero, además, es rechazada por padres y representantes, que no van a dejar a sus hijos en manos de personas no profesionales que no cuentan con la pedagogía para enseñar.
A su juicio, eso es parte del fracaso de las políticas educativas del Gobierno.
Rechazo total
En este sentido, la profesora Blanca Terán dijo que el gremio educativo rechaza totalmente esta ley y todas sus inconsistencias «que pudieran dar pie a otras acciones que atenten contra el ejercicio de la profesión y la educación de los niños y niñas».
Apuntó que los docentes se han mantenido en las calles exigiendo mejoras salariales «y ahora no solo lo haremos por eso, si no que también reclamaremos respeto a la educación, los valores y los niños», por lo que invitó a los padres y representantes a «mantenerse alertas, no pueden entregar a sus hijos y su educación a cualquier persona, menos a un menor de edad que no está capacitado con la pedagogía para ser docente».
Orlando Herrera, coordinador de la Coalición Sindical en Lara, también rechazo la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica al considerar que ésta colide con la Lopnna, Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Trabajo.
En tal sentido, aspira que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la devuelva a la Asamblea Nacional con rango de nulidad.
Igualmente, Falime Hernández, presidente de Fenasited, rechaza ese texto jurídico aprobado recientemente, para regular a las organizaciones estudiantiles.
Pero, además, es rechazada por padres y representantes, que no van a dejar a sus hijos en manos de personas no profesionales que no cuentan con la pedagogía para enseñar. A su juicio, eso es parte del fracaso de las políticas educativas del Gobierno.
Douleydis Romero