Consecuentes con su política de convertir en leyes sus prácticas de persecución a los demócratas venezolanos, el régimen en la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley contra el Fascismo, algo que vulnera el estado de Derecho en el país.
Oportuno destacar que en nuestra Constitución, norma suprema, en sus artículos 2 y 57 se expone de manera taxativa que son valores supremos del estado venezolano la libertad de organizarse con fines políticos y la libertad de pensamiento. En éste sentido el animus de este proyecto de Ley no solo menoscaba nuestro pacto social, sino que también coloca en manos del poder ejecutivo el decidir quién es Fascista y quién no.
Se sigue con el patrón de perseguir a la disidencia política, defensores de derecho humano y activistas sociales ya que no se podrán utilizar medios electrónicos como lo son las redes sociales para generar denuncia ya que estaríamos expuestos a cometer un delito bajo esta Ley. Es importante hacer un llamado a los organismos de justicia internacional para que se pronuncien al respecto, ya que con esta ley se violan derechos humanos esenciales y ello es competencia de la Corte Penal Internacional.
Esta ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares es además un adefesio jurídico porque incumple una regla básica del derecho procesal penal como lo es la clara tipificación de los delitos y a cambio se decanta por vaguedades enunciativas que deben ser interpretadas por una comisión designada por el Presidente de la Republica, ello constituye un escenario lúgubre como los descritos por Fran Kafka en sus novelas. Aquí los líderes políticos, sindicales y gremiales, serán culpables de delitos infusos sobre los cuales será imposible organizar una defensa porque no habrá pruebas ni elementos jurídicos concretos, sino presunciones, rumores, testigos misteriosos y cualquier cosa que quieran inventar los Torquemada del régimen.
Frente a esta barbaridad legal que coloca al país dentro de una realidad tribal y fuera del marco de justicia occidental, los defensores vamos a dar una batallan constitucional para oponernos a que esta ley sea aprobada definitivamente.
Alexis Ramos (Abogado)