En un comunicado dado a conocer este jueves 10 de agosto, el llamado Grupo de Puebla pide que el caso del escándalo que se ha generado en Colombia por la supuesta recepción de cuantiosos recursos por parte de Nicolás Petro Burgos, hijo del actual mandatario izquierdista de ese país, Gustavo Petro, para la campaña electoral de éste, “no sea utilizado con fines políticos por la oposición colombiana”.
Así lo aseguraron el Grupo y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) en el referido comunicado, en el que «manifiestan su más profundo rechazo a los intentos de desestabilizar el gobierno de Colombia a través de un golpe blando, cuyo objetivo final es desconocer el mandato popular que eligió a Gustavo Petro como presidente».
El documento lleva las firmas del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que las de los exmandatarios de Colombia, Ernesto Samper, y de Ecuador, Rafael Correa.
Los firmantes puntualizan que ven con preocupación la postura de políticos, incluidos algunos expresidentes, que «haciendo uso indebido de informaciones falsas (…) sobre el proceso judicial que investiga a uno de los hijos del actual presidente colombiano por posible financiación irregular de su campaña anuncian y legitiman escenarios de ruptura democrática que sólo caben en sus mentes autocráticas».
Nicolás Petro Burgos, primogénito del jefe de Estado, reconoció ante la Fiscalía que recibió dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como «el Hombre Marlboro», y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso «Turco» Hilsaca.
Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de Petro en 2022, aunque el hijo aseguró en una entrevista con la revista “Semana” que el mandatario no lo sabía.
Respetar el debido proceso
El Grupo de Puebla añade en su comunicado que desde hace varios meses se gesta una campaña contra el gobierno de Petro para «aprovechar cualquier crisis, por mínima que sea, para exigir sin ningún fundamento la renuncia del mandatario, con total desapego por la Constitución colombiana».
En ese sentido, exigió que sea respetado el debido proceso de las personas involucradas en la investigación judicial, «sin permitir que sea utilizado, como lo pretenden hacer los voceros de la oposición colombiana, como un arma política contra la institucionalidad democrática».
Igualmente, pidieron al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que se abstenga de «convertir este caso en un proceso mediático de judicialización política, en un nuevo caso de lawfare (guerra judicial)».
Por último, solicitaron a la comunidad internacional, y en especial a la comunidad jurídica y a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que «exijan» a la Fiscalía colombia que «cese en su clara actitud de injerencia política para desgastar al actual gobierno y a la presidencia de Gustavo Petro».
Fuente: 800 Noticias/EFE