Los comerciantes del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), en un extenso y razonado documento, denunciaron lo que califican de “largo retardo judicial” existente en esta entidad federal.
El documento en cuestión está rubricado por varios de los comerciantes establecidos en el antes mencionado ente municipal iribarrense, entre ellos Edgar Rodríguez y Javier Meléndez, así como también por el abogado Silverio Canelón, asesor socio jurídico de dichos comerciantes.
El escrito recuerda que hace ya poco más de dos años, en los tribunales de la localidad, a nombre de los 194 comerciantes que allí hacen vida, se incoó una acción contra lo que califican de “abusos y atropellos” cometidos por la junta directiva de Mercabar, presidida por Juan Carlos Sierra Trujillo.
Entre tales “arbitrariedades”, mencionan, por ejemplo, el desconocimiento de los contratos de arrendamiento que estaban vigentes, y, además, el haber pretendido imponer un desproporcionado canon de arrendamiento.
Todo ello –agregan—sin cumplir con los procedimientos legales contemplados en la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial.
También –señalan— sin tratar de consensuar ni considerar los efectos de la guerra económica, que impactan toda cadena de comercialización.
“Y pretendió igualmente anular arbitrariamente los contratos de arrendamiento, al igual que intentó cambiar la cualidad jurídica de dichos contratos por concesiones de uso, sin aviso y sin protesto, y sin que hubiese alguna resolución administrativa de la directiva de Mercabar”.
También se apunta que, desde el mes de junio de 2.019, por órdenes de Sierra Trujillo, con apoyo policial y de la Guardia Nacional Bolivariana, se reventaron candados, y se violentaron cerraduras y enrejados de varios locales comerciales, al igual que se decomisó la mercancía existente los mismos, que hasta ahora no ha sido devuelta a sus dueños.
Tras mencionar algunos otros “abusos”, se destaca que ellos han acudido a tribunales, a la Fiscalía Superior, a la Defensoría del Pueblo, y finalmente al Juzgado Superior Contencioso Administrativo en busca de un pronunciamiento “que ponga cese a tal situación”, pero que, hasta ahora, no han recibido respuesta.
-Y hemos querido hacer esta denuncia pública, a objeto de que alguna autoridad competente se ocupe de poner fin a estos abusos y atropellos de los que hemos estado siendo víctimas.
Reinaldo Gómez