El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. confirmó este martes11-Mar, que el expresidente Rodrigo Duterte se encuentra ya a bordo de un avión con destino a la ciudad neerlandesa de La Haya tras haber sido detenido a petición de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes contra la humanidad durante su «guerra contra las drogas».
«El avión en el que viajaba el expresidente Rodrigo Roa Duterte despegó a las 23.03 horas (hora local) de esta noche y salió del espacio aéreo filipino. El avión se dirige a La Haya, en Países Bajos, para que el expresidente se enfrente a cargos de crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas», manifestó Marcos Jr. durante una comparecencia de prensa.
El mandatario filipino destacó que Duterte fue detenido y puesto bajo custodia en la base aérea de Villamor, al sur de Manila, después de haber aterrizado junto a su mujer y otras personas procedentes de Hong Kong. «El señor Duterte fue detenido en cumplimiento con nuestros compromisos con Interpol», subrayó.
«Horas antes de su llegada, Interpol Manila recibió una copia oficial de la orden de detención de la CPI (…) Interpol pidió ayuda y nosotros accedimos porque tenemos compromisos con Interpol que debemos cumplir. Si no lo hacemos, dejarán de ayudarnos con otros casos de fugitivos filipinos en el extranjero», argumentó.
Asimismo, dijo que la actuación de Filipinas este martes es «lo que la comunidad internacional espera» de un país democrático. Esta postura contrasta con la de la vicepresidenta filipina e hija de Duterte, Sara Duterte, quien denunció que su padre está siendo «trasladado a la fuerza» a La Haya, reseña EuropaPress.
«Nuestro gobierno ha entregado hoy a un ciudadano filipino, antiguo presidente, a las potencias extranjeras. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto a todo filipino que crea en la independencia de nuestra nación», dijo en un comunicado publicado.
Así, afirmó que «se están negando los derechos fundamentales» de Duterte, dado que «no ha sido llevado ante ninguna autoridad judicial competente» antes de «ser trasladado por la fuerza a La Haya». «Esto no es justicia. Esto es opresión y persecución», agregó la vicepresidenta filipina, que acusó al Gobierno de «abandonar» a uno de sus ciudadanos y «traicionar la esencia de la soberanía y dignidad».
El expresidente llegó al cargo en 2016 tras una campaña en la que hizo precisamente de esa «lucha contra las drogas» su bandera. Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias./S