Con discreción y sin grandes anuncios, la administración de Nicolás Maduro, adelantan un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los últimos años, según afirma en un artículo el diario español El País.
La decisión comprende una lista de propiedades y empresas, en las que, de momento, destacan fincas y hatos vinculados a la producción agraria, aunque también hay hoteles e industrias.
El hermetismo es clave en este proceso. La devolución del Centro Comercial Sambil a sus propietarios, la familia Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas parece ser la punta del iceberg.
Según el medio español, en ningún caso parece estar planteada la figura de indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados.
Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami, y los ministros del área económica y comercial, con la autorización de Nicolás Maduro, conducen el cronograma de entregas. Esto con carácter selectivo y que bajo un desarrollado con objeciones y resistencias en el sector chavista.
La comunicación del oficialismo con el empresariado es fluida, señalan las fuentes consultadas. El gobierno, algunos empresarios y varios sindicatos planean convocar para finales de este mes al Foro de Diálogo Social, con Maduro ejerciendo de árbitro. Esto en presencia de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo.
En el área agraria, el gobierno y los empresarios discuten un papel de trabajo en el que se evalúa la devolución de bienes expropiados a sus dueños originales. Tal como en los casos de hatos como El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, de 3.600 hectáreas.
Los funcionarios realizan diversas proposiciones a los dueños expropiados de compañías e industrias manufactureras —la empresa de agroquímicos y servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa—. Pero, a diferencia de lo que sucede con las haciendas, el ofrecimiento es recibido con incredulidad y renuencia.
El País destacó que la cadena de hoteles estatal Venetur se está desprendiendo de algunas de sus sedes. Walter Stipa, empresario cercano al chavismo, asume el control de algunas de ellas para operarlas. El chavismo está ofreciendo contratos de servicio bajo la figura de concesiones. Sus funcionarios siguen muy renuentes a usar la palabra “privatización.”
Fuente: El Nacional