La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes 11Abr, a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador de aplicar «detenciones arbitrarias» y actos de «desaparición forzosa» contra 238 venezolanos que permanecen a menudo incomunicados tras su traslado a territorio salvadoreño en el marco de la dura política migratoria estadounidense.
En ese sentido, denunció que los venezolanos fueron inmediatamente transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel conocida por sus «condiciones abusivas», y señaló que las autoridades de ambos países «ni siquiera han difundido al lista oficial de personas que han sido trasladadas» a estas instalaciones.
«Estas desapariciones forzosas constituyen una grave violación del Derecho Internacional», dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, y agregó: «la crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso».
Ante ello, la organización insta a las autoridades estadounidenses a hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador.
«El Gobierno salvadoreño debe confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior», recalcó en un comunicado.
Además, alertó que los familiares de estos ciudadanos aseguraron que las autoridades de Estados Unidos les comunicaron su traslado a Venezuela y no a El Salvador. Estos trasladados se enmarcan en la aplicación por parte de la Administración de Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, supuestamente aplicada a miembros de la organización criminal «Tren de Aragua».
Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas suficientes que establezcan la relación entre las personas deportadas y dicho grupo. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reconocido en declaraciones a HRW que «muchos» de los deportados a El Salvador «no tienen antecedentes penales en Estados Unidos».
Además, la ONG alertó que el Gobierno salvadoreño no ha presentado «ningún fundamento jurídico» para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe. S
EuropaPress