La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), presidida por Juan Ángel De Gouveia, y Cecodap exhortan al Estado Venezolano a que respete derechos humanos de personas con algún tipo de discapacidad mental, actualmente privadas de libertad. Hacen seguimiento a tres casos.
El más reciente sucedió en diciembre 2020 cuando se involucró “arbitrariamente” a un adolescente de 15 años en delitos de extorsión y secuestro. Fue relacionado con el crimen por un teléfono celular que era utilizado por su madre, quien está desaparecida desde entonces. El hecho ocurrió en el estado Yaracuy.
Otro caso es de Anthony Molina, señalado de cometer un homicidio, ocurrido en Falcón en el año 2017. Además, Edgar Flores, detenido en abril de 2020 en Churuguara, estado Falcón por haber protestado por falta de combustible.
Aunque fue puesto en libertad, bajo presentación periódica, el caso está paralizado porque aún no se ha presentado acusación ni se ha fijado audiencia, refirió De Gouveia.
Estos casos tienen en común la arbitrariedad en sus detenciones, la vulneración a sus derechos y la omisión de la discapacidad mental por parte de las autoridades, aun avaladas por informes médicos de cada uno de los acusados.
Además, se ignoran protocolos de detención para garantizar los derechos del adolescente, establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
Doble violación de derechos
“En el caso del adolescente con discapacidad de 15 años, familiares, aseguran que en su presentación ante el tribunal desestimaron los informes médicos que avalan su condición. Tampoco les permitieron estar en la audiencia, manteniendo al joven aislado”, declaró De Gouveia.
La madres del adolescente está señalada de participar en el robo y asesinato de un almirante de la Armada venezolana, en septiembre de 2020. Creen que su detención es un mecanismo de presión para que la madre se entregue a las autoridades, han dicho familiares.
Sin embargo, a la fecha la madre del adolescente no tiene orden de aprehensión en su contra. Tampoco contra él. Por eso se le considera una detención arbitraria, por lo tanto, es ilegítima”, explicó De Gouveia.
El adolescente fue detenido por funcionarios del Cicpc. El día que lo aprehendieron hicieron un allanamiento sin tener orden judicial, y se encuentra recluido en detenido en la sede del Cicpc en Santa Teresa del Tuy, refiere Gouveia.
Cecodap condena abuso policial
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, condenó el abuso policial al que fue expuesto el adolescente de 15 años durante su detención y recordó que la Lopnna establece garantías específicas para los adolescentes con responsabilidad penal.
“Rechazamos este tipo de procedimientos y prácticas y exigimos al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como, al Ministerio Público adoptar todas las medidas que sean necesarias para que estos hechos sean sancionados y no se repitan”, concluyó Trapani.
De Gouveia recordó la normativa legal, nacional e internacional, que protege a las personas con discapacidad y sus derechos. “El artículo 62 del Código Penal refiere que no es punible, el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos”.
Ante cualquier hecho legal que involucre a las personas con discapacidad, se debe tener en cuenta informes médicos y/o médicos psiquiátricos, como lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De Gouveia hizo un llamado al Estado venezolano a respetar los derechos humanos de las personas con este tipo de discapacidad. “Para Consorven, es preocupante que estas situaciones sean constantes y que lamentablemente siguen sucediendo”, puntualizó.
Con datos Cecodap
Foto: Cecodap